El Decreto General tiene fuerza de ley y es una compilación de las principales normas propias de la Iglesia Católica anteriores a 2016, que están en vigor, sobre protección de los derechos personales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal y su adaptación a la pertinente legislación europea y española.

Desde el 25 de mayo, fecha de su entrada en vigor, se aplica a todas las entidades de la Iglesia Católica en España, de carácter diocesano, supradiocesano o de ámbito nacional.

En lo que se refiere a los datos recogidos por la Conferencia Episcopal Española, la CEE ha dado a conocer los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos en esta institución:

Delegado de Protección de Datos de la Conferencia Episcopal Española

dpo@conferenciaepiscopal.es

Calle de Añastro, 1

28033 – Madrid

El texto completo del Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia católica en España, así como el Decreto de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede que lo reconoce se puede descargar en este enlace.

Ámbito, objeto y contenido del Decreto

El Decreto General de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia católica en España, en cumplimiento con lo establecido en el cánon 455 del Código de Derecho Canónico, se elaboró en virtud del mandato especial otorgado por la Congregación para los Obispos, de fecha 22 de enero de 2018. La CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018 lo aprobó. Y finalmente, el Decreto obtuvo la recognitio de la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, con fecha 22 de mayo de 2018. Como establece su disposición final, entró en vigor el 25 de mayo de 2018, publicándose en el boletín oficial de la CEE y en su página web.

Su objeto es la protección de los derechos personales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal, así como garantizar que la adquisición, almacenamiento y utilización de los datos relativos a los fieles, a los organismos eclesiásticos, a las asociaciones eclesiásticas, así como a las personas que entran en contacto con los mismos sujetos, se lleve a cabo en el pleno respeto del derecho de la persona a la buena reputación y a la confidencialidad reconocido por el canon 220 del Código de Derecho Canónico

Por tanto, el Decreto se aplica «al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en un fichero»

En cuanto a su ámbito de aplicación , el Decreto es de aplicación «a todas las entidades de la Iglesia Católica en España, de carácter diocesano, supradiocesano o de ámbito nacional, que se citan en el artículo I del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, y, de un modo específico, en la medida en que el tratamiento de los datos personales tenga lugar dentro de las actividades de las citadas entidades en el cumplimiento de sus fines, independientemente de dónde se lleve a cabo el tratamiento, o de si lo realiza una autoridad eclesiástica o es llevado a cabo en su nombre».

Además, las entidades canónicas, de Derecho pontificio o de ámbito internacional, así como las entidades civiles que se relacionen con la Iglesia Católica en España, podrán acogerse a lo establecido en este Decreto General, previo acuerdo con la Conferencia Episcopal Española.