El Congreso de los Diputados daba luz verde el pasado 10 de mayo a la proposición de ley remitida por el Parlamento de Cataluña que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia.

La propuesta se aprobó con los votos a favor de 175 diputados (PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís y PNV); mientras votaron en contra PP y UPN (136 votos) y se abstuvo Ciudadanos (32 votos). A partir de ese momento, se inicia un largo trayecto parlamentario lleno de polémica, incertidumbres y dificultades.

Así parece entenderlo el Consejo General de Colegios de Médicos de España (Cgcom), también llamado Organización Médica Colegial (OMC), que representa a todos los médicos a nivel estatal. Ante la propuesta de legalizar la eutanasia, siguen el dictado del código deontológico de la profesión médica y afirman en un comunicado que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente”.

Cabe recordar que la eutanasia es una práctica legal en países como Bélgica y Holanda; y que, tal como informábamos el 25 de enero de este año, dos responsables de evaluar la eutanasia en estos dos países habían dimitido ante el aumento de casos injustificados.

Los médicos no pueden practicar una eutanasia “ni siquiera en caso de petición expresa por parte del paciente"

Garantizar los cuidados paliativos
Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y otros expertos en Bioética y Deontología vienen a coincidir con la OMC. Contra los intentos de despenalizar el suicidio asistido, urgen a garantizar “el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad” y advierten de que todavía “no somos capaces de sacar una ley nacional de cuidados paliativos”.

Serafín Romero, presidente de la OMC, insiste en que los médicos no pueden provocar de forma consciente la muerte de ningún paciente, “ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica”, advertía en declaraciones publicadas por Diario Médico el pasado lunes, 21 de mayo.

La Asamblea del Consejo General de Colegios de Médicos, reunida en Melilla, aprobó la declaración de su posicionamiento ante la eutanasia, que se conoció ese 21 de mayo, en respuesta al debate que sobre este tema se ha reabierto en el Congreso de los Diputados.

“Volveremos a decir lo que ya hemos dicho otras veces. […] La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”, sentenciaba Romero.

La OMC instaba en el comunicado a garantizar “el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad en el Sistema Nacional de Salud, y el derecho a la sedación paliativa en la agonía, de forma científica y éticamente correcta sólo cuando existan síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se disponga del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado. En estas circunstancias no cabe la objeción de conciencia”.

El comunicado concluye declarando el compromiso de los Colegios Médicos españoles “de servicio al ser humano y a la sociedad, así como en el respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud”.

"La sedación paliativa es un tratamiento médico, no se puede confundir con la eutanasia", advierte el paliativista Gómez Sancho

La eutanasia, ¿una quimera?
A partir de ahora, la iniciativa aprobada en el Congreso pasa a la Mesa de esta Cámara, que abre un plazo para la presentación de enmiendas en un proceso que se prevé largo. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, recordaba hace poco más de una semana que “docenas de proposiciones de ley llevan un año en plazo de enmiendas. La Mesa del Congreso decide el tiempo y aquí el PP y Ciudadanos tienen mayoría”.

Con este escenario, ¿qué posibilidades hay de que la despenalización de la eutanasia sea una realidad en esta legislatura?

En este sentido, desde el mundo académico la posibilidad se define como “una quimera”, según Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, que reflexiona sobre la dificultad de que el Gobierno, titular de la política sanitaria, desarrolle una norma con la que no está de acuerdo.

“Incorporar una prestación sin la voluntad del partido en el Gobierno es formalmente posible, pero materialmente imposible. Puede aprobarla el Parlamento, que es soberano, pero el sistema de prestaciones que debería desarrollarse no se haría, lo que generaría confusión, frustración y conflicto social. Es decir, no pasaría del BOE”, señala.

Legalizar la eutanasia supone "un chantaje moral a los más débiles y una irresponsabilidad", advierte un experto en Bioética

Legalizar la eutanasia, “una indecencia”
Por esas fechas, el presidente de la OMC advertía de que “la eutanasia no es un problema médico y va en contra del ser médico. […] Vamos a tener que decir más de lo mismo. Nos preocupa que se vuelva a hablar de ello, cuando no somos capaces de sacar una ley nacional de cuidados paliativos”.

También recordaba a las 60.000 personas que todos los años mueren en España con dolor por falta de paliativos. Romero apuntó a ese drama como prioritario, mientras la Asociación Española Contra el Cáncer respondía al debate de la eutanasia pidiendo una revisión del estado de la atención paliativa y el pleno desarrollo de estos servicios sanitarios en toda España.

“Del total de personas que necesitarían cuidados paliativos, actualmente, el 50% muere con dolor físico (111.033) y el 75% con dolor emocional (166.549)”, agregaba en base a sus datos.

Días antes, justo cuando se iba a debatir en el Congreso la propuesta ahora aprobada, otros tres expertos se manifestaban al respecto en declaraciones a Diario Médico: Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología; Marcos Gómez Sancho, paliativista, y Rogelio Altisent, experto en Bioética.

“60.000 personas se mueren al año en España con dolor. Legalizar una forma de acabar con ellos es una indecencia”, denunciaba Gómez Sancho, al mismo tiempo que aclaraba que “la sedación paliativa es un tratamiento médico. Es lo último que podemos hacer por el paciente y no se puede confundir con la eutanasia”.

Por su parte, Rodriguez Sendín comentaba que “si hay que cambiar cosas en esta sociedad habrá que hacerlo con inteligencia”, a la vez que insistía en que “en lugar de ocuparse de las 60.000 personas que mueren sufriendo, se preocupan de las excepciones”, en alusión a la propuesta legal.

Y Altisent concluía que regular la eutanasia supone un “chantaje moral a los más débiles, a aquellas personas que se sienten un peso para la familia y para la sociedad”. En definitiva, “es una irresponsabilidad legislar la eutanasia porque hay una insuficiencia de atención a pacientes al final de sus días y también una falta de formación del médico en paliativos”.

Por último, en referencia a las encuestas que afirman que la legalización de la eutanasia cuenta con el apoyo social del 83% de la población, Romero advertía de que “el resultado de las encuestas depende de cómo se hacen las preguntas. Con unos buenos cuidados paliativos no se pide eutanasia”.