El gobierno británico se negó a decir si decirle a la gente sobre la fe cristiana podría ser un crimen de odio.

Lord Pearson de Rannoch, miembro de la Cámara de los Lores y del Partido de la Independencia del Reino Unido narró que que cuando planteó una pregunta sobre el tema en la Cámara de los Lores, el gobierno no pudo establecer claramente si los cristianos no pueden ser procesados solo por expresar sus creencias.

«Le dije al gobierno “¿confirmarán inequívocamente que un cristiano que dice que Jesús es el hijo único del único Dios verdadero no puede ser arrestado por crímenes de odio o cualquier otra ofensa, por mucho que eso ofenda a un musulmán o a cualquier otra persona?»

En respuesta a la pregunta, la Baronesa Vere de Norbiton respondió: «Señores, no voy a comentar sobre la última pregunta del noble señor». Agregó que la definición legal de «crimen de odio» ha sido la misma para los últimos 10 años.

«Crimen de odio» según el Reino Unido
En declaraciones a Premier Christian Radio, Lord Pearson dijo que su negativa a dar una respuesta fue «bastante única» y «muy preocupante»., dado que la definición actual de «crimen de odio», que se basa en si la víctima se siente ofendida, una definición que es en sí misma «estúpida» y por eso pidió que se aclare la ley.

«Ciertamente, los musulmanes más estrictos se sienten ofendidos por el cristianismo y nuestra creencia en que Jesús es el único Hijo del único Dios verdadero», agregó.

Doble estándar en la aplicación de la ley
También dijo que hay un doble estándar en cómo se aplican las leyes de crímenes de odio al cristianismo y al Islam.

«Puedes decir lo que quieras sobre el nacimiento virginal, los milagros y la resurrección de Jesucristo, pero tan pronto como digas algo sobre el islam y cuestiones que es una religión de paz todo el infierno se desata».

El año pasado, los grupos feministas y de «derechos» de los homosexuales acusaron de dos clérigos españoles de alto rango por «crimen de odio» después de pronunciar homilías que criticaban la ideología de género.

El cardenal Antonio Cañizares y el arzobispo Francisco Javier Martínez enfrentaron cargos, sin embargo, fueron retirados rápidamente después de que los fiscales encontraron pruebas insuficientes de que habían violado la ley.