El Grupo Socialista de Madrid ha presentado en la Asamblea una proposición de ley que hace prevalecer la autonomía sin límites del paciente o su representante al final de la vida. Así lo advierte Carlos Álvarez, portavoz de VIDAdigna, una iniciativa de Profesionales por la Ética, que ha analizado el texto de la ‘Proposición de Ley 8/2016 de Derechos y Garantías de las personas en el proceso final de la vida’, actualmente en trámite.

Explica que la iniciativa del PSOE-M impone sanciones a profesionales, permite aplicar sedaciones inadecuadas y retiradas de cuidados básicos como la hidratación, “lo quevulnera la buena práctica médica y pone en riesgo a toda la población, especialmente a la más vulnerable”.

Destaca que, según se desprende de la Exposición de motivos, el principal fin de la iniciativa es promover el valor de la autonomía traducida en un creciente empoderamiento del paciente. En este sentido, alerta de que “si las preferencias del paciente y la ‘lex artis’ no están armonizadas, la ley propiciaría abusos dando lugar a situaciones de eutanasias encubiertas”.

Avisa de que esta ley permitiría que a los pacientes se les retirara de forma inadecuada medidas de soporte vital, como la hidratación o la nutrición, que son cuidados básicos, o se les aplicara sedaciones no adecuadas amparadas en ese supuesto “derecho”.

Según informa, Carlos Álvarez la proposición también incluye el “derecho” a la sedación de los pacientes en situación terminal. Para VIDAdigna, no existe el “derecho a la sedación”, sino el derecho al tratamiento del dolor.

Subraya que la sedación no es un derecho, como no existe el “derecho a ser escayolado” o “el derecho a ser intervenido”, si no hay indicación para ello, y pone el foco en que presiona a los médicos para abandonar la ‘lex artis’ mediante sanción por infracción “muy grave”, sencillamente por “obstaculizar los deseos del paciente”.

“La sanción ejerce una gran presión sobre el médico, pues amenaza incluso con el contrato laboral: la revocación de la autorización concedida para trabajar en centros y establecimientos sanitarios, además de la sanción económica correspondiente”, añade.

Asimismo, indica que se excluye al profesional de cualquier “posible responsabilidad derivada de asumir las decisiones del paciente (o su representante) en el proceso final de su vida”.

Se pregunta que quién puede demostrar que el médico no actuaba según los deseos del paciente y argumenta que “el certificado de defunción podría falsificarse y recoger que la persona murió por causas naturales, lo que impide el procesamiento por delito”. “Constituye una política pública peligrosa y rompe la relación de confianza médico-paciente”, sentencia.

(Fuente: Infovaticana)