Detrás de la renta o préstamo de vientres para gestar a un hijo, se esconde la explotación sexual con fines reproductivos que permite ingresos millonarios a delincuentes a costa de una flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos, denunció en México la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.
Y es que en una reciente sesión del Senado del país norteamericano se presentó un acuerdo en el que se exhorta a los gobernadores y congresos de los estados de Coahuila, Sinaloa y Tabasco, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y su correspondiente Asamblea Legislativa para eliminar o abstenerse de aprobar leyes como la de la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos (ESFR).
Díaz Lizama solicitó brindar educación de calidad, capacitación y oportunidades laborales que sirvan para el desarrollo y dignificación de las mujeres de sus respectivas entidades, “en lugar de exponerlas a la Explotación Sexual con Fines Reproductivos (ESFR)”.
La senadora detalló que la ESFR, también llamada gestación subrogada o vientres de alquiler, es una realidad que se esconde a la vista de todos. “Oculta tras un velo de supuesto altruismo y escudándose en un imaginario derecho a la maternidad, florece una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales”.
Asimismo, dijo la legisladora por el estado de Yucatán, la Organización Internacional para las Migraciones en dos estudios sobre la trata de personas en México, uno de ellos en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el otro en colaboración con la Organización de Estados Americanos, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres- editados en 2006 y 2011-, reconocen la trata de personas con fines reproductivos, particularmente cuando las víctimas sean forzadas, engañadas o presionadas a “rentar” o “prestar” sus vientres para gestar los hijos de parejas adineradas.
Europa sostiene que “es una objetivación de los niños”
En tanto, el Comité para los Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género del Parlamento Europeo dijo en un informe el año pasado, que “la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a los derechos humanos de las mujeres”.

Pese a este panorama que afecta a la mujer y a sus hijos, alertó Díaz Lizama que el Congreso de Coahuila y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal han presentado iniciativas para legalizar los vientres de alquiler.
En Tabasco –donde ya es legal– se ha reconocido que el experimento social emprendido hace 17 años ha fracasado y se evalúa modificar el marco jurídico ya que las mujeres de ese estado están en grave riesgo de ser explotadas por clínicas, intermediarios o las propias parejas que aprovechándose de la mínima regulación pactan condiciones sumamente lesivas e incluso llegan a incumplir acuerdos cuando el hijo gestado no cumple con las expectativas de los solicitantes.
Un debate en la sociedad mexicana
Diversas voces de la sociedad mexicana se han alzado contra la iniciativa, incluso desde el feminismo. Es el caso de la activista mexicana de derechos humanos de las mujeres Lydia Cacho, que publicaba recientemente un artículo titulado ‘Úteros en alquiler’ en el que denunciaba que la legalización de esa práctica comportaba un hecho evidente: que las mujeres ricas accederían a ese “servicio” y las mujeres pobres serían esos cuerpos objetivizados que surtirían el negocio de los niños concebidos por vientres de alquiler.
En México, empresas como Cefam ya se lucran con este negocio oculto tras un mensaje de ayuda y atención a la mujer.

(Fuente: Forumlibertas)