En su informe final sobre Bolivia, que contiene un total de 28 puntos entre observaciones y recomendaciones, el órgano de la ONU indica que le preocupa la necesidad de esa autorización judicial previa, así como los informes que indican que «tan sólo seis abortos legales han sido autorizados judicialmente» en el país.
Declara igualmente su inquietud por el elevado porcentaje de mortalidad materna causada por abortos en condiciones de riesgo –argumento típico de los proabortistas que casi nunca se corresponde con la realidad–, así como por el «alarmante número de investigaciones procesales contra mujeres por aborto ilegal».
En este sentido, se pide al país «abstenerse de procesar a mujeres por haberse sometido a abortos ilegales como consecuencia de los obstáculos derivados del requisito de autorización judicial previa»(Infocatólica)