La presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha iniciado la reingeniería social que quiere desarrollar en el país andino reformulando instituciones como la familia o la educación. Todo ello en beneficio de tendencias ideológicas como el homosexualismo político, la ideología de género o el aborto.

Es por eso que el Congreso chileno aprobó este miércoles un emblemático proyecto de ley que reconoce la unión civil de parejas heterosexuales y homosexuales, y para su entrada en vigor solo hace falta la firma de la presidenta. La normativa aprobada crea el estado civil de conviviente legal, fijando un nuevo régimen patrimonial para las parejas que opten por esta unión, sin importar si son o no del mismo sexo.

El objetivo es dar una protección patrimonial y derechos civiles para los contrayentes, regulando los efectos de su vida afectiva en común, de forma estable y permanente. El llamado Acuerdo de Unión Civil (AUC) fue refrendado por el Senado y la Cámara de Diputados, después de haber cursado un tercer trámite en una comisión mixta de ambos estamentos, que introdujo los últimos cambios a la iniciativa que, después de este trámite, quedó en condiciones de ser promulgada como ley.

“La unión civil es una institución fundamental para aquellas parejas que conviven sin estar casadas, se trata de un estatuto jurídico que no discrimina y que se aplica a todos tipo de parejas”, ha dicho el portavoz del Gobierno, Alvaro Elizalde, tras la aprobación del proyecto. “Lo más importante es que nos permite reconocer las distintas formas de familia que hay en el país y protegerlas”, ha subrayado.

La Iglesia en Chile lamenta la nueva ley de educación

Otro aspecto al que el Gobierno de Bachelet da espcia limportancia a la hora de difundir nuevas ideas entre la sociedad es la educación.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal de Chile, a través de su área de Educación, lamentó que la nueva Ley de Educación, relacionada con la gratuidad del sistema subvencionado, el fin al lucro, la selección y el copago, que se aprobó recientemente en el Congreso, no incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación.

En una declaración dada a conocer el miércoles 28 de enero, el obispo de Temuco y presidente del Área Educación, monseñor Héctor Vargas, manifestó la falta de un debate serio y profundo, y consideró que esto ocurrió "tal vez porque no se generaron los necesarios espacios para una reflexión seria y profunda acerca de la naturaleza, los principios y los valores propios de una auténtica educación".

En este sentido, monseñor Vargas sostuvo que habrá que despejar las dudas acerca de si esta ley contribuirá en modo sustantivo a mejorar la educación chilena. "Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad al respecto", declaró el obispo.

La nota lamenta que la ley haya sobrerregulado la gestión de los colegios particulares subvencionados, sobrecargando la normativa y aumentando la creación de instancias administrativas y burocráticas "que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas y la mayor burocracia del control del Estado, limitando una razonable subsidiariedad".

Más adelante agrega: "Tal complejidad, como el cuestionable apresuramiento legislativo, ha hecho que algunos temas no se hayan reflexionado con la profundidad requerida, ni resuelto completamente; otros deberán esperar tiempos de prueba; otros esperarán varios años por no tener financiamiento. Solo en el tiempo se podrá en definitiva evaluar qué normas eran pertinentes y adecuadas, y cuáles no, lo que debería derivar más adelante en cambios a esta ley".

La instrumentación de esta ley será "un largo y complejo proceso, tanto para las escuelas como para los funcionarios públicos". El Área de Educación del episcopado espera "un atento respeto y acompañamiento por parte de la autoridad hacia los centros educativos".

Monseñor Vargas recordó que, desde el inicio de la discusión de la reforma, la Iglesia expresó su interés de involucrarse fuertemente en sus objetivos: "Nos ha motivado además a comprometernos en la construcción de una educación más justa, inclusiva y de auténticas posibilidades para todos nuestros niños y jóvenes, especialmente los más pobres".

El Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile apreció la variedad de voces escuchadas y deseó que su pronta reglamentación, aplicación y posibles revisiones "salvaguarden aquellos principios, libertades y derechos irrenunciables en toda auténtica educación".(FORUM LIBERTAS)