El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una orden por la que mantiene la prohibición del matrimonio gay en Virginia, invalidada por un tribunal federal de apelación, hasta que el alto tribunal tenga ocasión de examinar el fondo del asunto. Su decisión se ha interpretado como un toque de atención a los tribunales que están anulando en varios estados norteamericanos las enmiendas constitucionales que solo reconocen el matrimonio de hombre y mujer.

El Tribunal rehusó pronunciarse sobre la existencia o no de un derecho constitucional al matrimonio homosexual. Pero la ambigüedad de sus argumentos ha permitido a varios jueces federales imponer el matrimonio gay en 16 estados donde estaba prohibido hasta el año pasado. Para ello, solo han tenido que anular las leyes estatales (o bien, donde las había, las enmiendas a las constituciones de los estados) que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Además, otros cuatro estados han sido obligados por jueces federales a reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros estados, pese a que aquellos los prohíben.

Jueces por encima del Supremo

Con motivo de esta ola de sentencias, el senador republicano Marco Rubio criticó hace poco el activismo judicial de quienes se dedican a “redefinir el matrimonio desde el tribunal”. Y recordó que corresponde a las asambleas legislativas de los estados, y no a los jueces federales, la autoridad de regular el matrimonio en sus territorios.

Activismo judicial es que un tribunal federal formado por tres jueces invalide, apoyándose en la ambigua sentencia del Supremo, la voluntad de los ciudadanos de un estado que han decidido en referéndum mantener el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Y activismo judicial es también que un tribunal federal de apelaciones obligase al estado de Utah a casar parejas homosexuales, con el argumento de que su prohibición (aprobada en referéndum por una mayoría del 75%) vulnera el “derecho” al matrimonio homosexual; ni siquiera el Supremo se ha atrevido a hablar en esos términos.

Precisamente en este caso, el Supremo decidió intervenir para suspender la decisión del tribunal federal y dejar en vigor la prohibición de Utah hasta que se resuelva el fondo del asunto. 

Lo mismo acaba de hacer ahora el Supremo con la prohibición del matrimonio gay de Virginia: seguirá en vigor pese haber sido anulada por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Cuarto Circuito. Pero la aséptica orden del Supremo no está motivada, por lo que es imposible saber cuál es la postura de los magistrados sobre ese supuesto derecho. Se piensa que en el futuro podría llegar a pronunciarse expresamente, aunque solo sea para deshacer el embrollo judicial que ha provocado.

De momento, la orden del Supremo supone una llamada de atención para los tribunales inferiores que tan alegremente pasan por alto la voluntad popular. Así lo ha interpretado el periodista Warren Richey en el Christian Science Monitor: “es una señal clara a otros tribunales de apelación y jueces federales del país de que el Tribunal Supremo espera que ellos hagan lo mismo en casos futuros”.

La competencia es de los estados

Unos días antes de que el Supremo dictase su orden, un tribunal de Tennessee decidió mantener la ley de ese estado que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. La ley había sido recurrida por una pareja de homosexuales casados en Iowa y ahora residentes en Tennessee, que pretendían obtener el divorcio de acuerdo con las leyes del segundo estado.

Es interesante ver lo que escribe el juez de Tennessee en la sentencia para tener claro qué dijo y qué no dijo el Supremo en su decisión de junio de 2013: “En el caso Windsor, el Tribunal Supremo dice que si un estado encuentra válido el matrimonio gay, el gobierno federal no puede pasar por encima de esa ley estatal. [Pero] el Supremo no va más allá; no dice que sea inconstitucional el que un estado defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Es más: el Supremo no entiende que sea contrario a la Constitución el que un estado no reconozca como válido un matrimonio celebrado válidamente en otro estado”.

“El Tribunal [Supremo] dice que el matrimonio es un derecho fundamental. Ahora bien, ni el Tribunal Supremo de Tennessee ni el Tribunal Supremo de EE.UU. han dicho nunca que este derecho fundamental tenga que ser ampliado por una ley estatal más allá de la definición tradicional del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer (…) La Asamblea Legislativa de Tennessee y los votantes de Tennessee han dicho que la definición de matrimonio debería ser la que siempre ha sido”.

En otras palabras: hasta ahora, el Supremo solo se ha pronunciado sobre la definición del matrimonio a efectos de las leyes federales; pero respeta la autoridad de los estados para decidir esa definición en sus territorios.(ACEPRENSA)