«Toda persona es preciosa en cuanto creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nos oponemos firme e inequívocamente a los intentos del actual Congreso de restablecer la pena de muerte en nuestro sistema judicial. Creemos que la pena de muerte viola la dignidad inherente a la persona. Ninguna persona, por muy malvada que sea, está más allá de la posibilidad de redención», así lo afirma un mensaje de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal de Filipinas uniéndose a la «Coalición contra la Pena de Muerte» para celebrar el 15º año de la abolición de la pena de muerte en Filipinas. El mensaje, publicado el pasado jueves, está firmado por Mons. Joel Baylon, obispo de Legazpi y presidente de la Comisión para la pastoral penitenciaria. En el texto se señala: «Sostenemos que para ninguna persona es imposible una reforma de vida. Toda persona merece una segunda oportunidad para corregir sus errores. El Papa Francisco, en sus enseñanzas, ha subrayado constantemente que quitar la vida es inadmisible». Oponiéndose al plan de re-instaurar la pena capital en el sistema judicial filipino, el texto señala que «la pena de muerte afectará principalmente sólo a los pobres. Las experiencias pasadas muestran que la mayoría de los que recibieron la pena de muerte eran personas indigentes y pobres que simplemente no podían permitirse una representación legal de calidad para defenderlos ante los tribunales». La pena de muerte, continúa el mensaje, «no puede funcionar en un sistema de justicia tan defectuoso como el nuestro. Una vez ejecutada, la sentencia de muerte es irreversible y no hay posibilidad de rectificar una sentencia errónea». La Iglesia católica sigue afirmando «la opción fundamental por la vida y pedimos al Estado que apruebe leyes que hagan que el sistema de justicia penal sea más reparador y no simplemente punitivo». De cara a las elecciones generales del próximo año, la Comisión reitera: «Instamos a los votantes, en particular a nuestros jóvenes, a elegir a personas que sirvan a la nación con justicia, defiendan la causa de la vida y combatan la actual cultura de la muerte». Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena de muerte en su Constitución de 1987, pero la medida se reintrodujo en 1993, durante el gobierno del Presidente Fidel Ramos, para hacer frente a los crecientes índices de criminalidad. En 2006 se aprobó una nueva abolición, cuando la entonces presidenta Gloria Macapagal-Arroyo firmó una ley que convertía la cadena perpetua en la pena máxima del sistema. Sin embargo, tras su elección en mayo de 2016, el presidente Rodrigo Duterte apoyó públicamente la reintroducción de la pena de muerte. El 7 de marzo de 2017, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de un proyecto de ley a tal efecto. En el Senado, sin embargo, el proyecto se paró debido a la oposición de los senadores. El gobierno filipino no ha abandonado la idea y ha seguido estudiando proyectos de ley para reinstaurar la pena de muerte. En 2020, el presidente Rodrigo Duterte aprovechó su «Discurso sobre el Estado de la Nación» para pedir la pena capital por inyección letal para delitos de drogas o crímenes atroces, y el debate sobre la posible reintroducción sigue en marcha.