La medida ha sido tomada por la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 19 del Chaco, Dra. Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien concedió la medida a los demandantes que pedían que no se afectaran los derechos constitucionales en juego, a saber el interés superior del niño y el derecho a la vida desde la concepción vulnerados por la ley reputada inconstitucional y protegidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional (en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño), las leyes 23,849 y 26.061 y el artículo 15, inc. 1 de la Constitución de la Provincia del Chaco. Los demandantes, señalaban “el riesgo claramente palpable que generan los actos denunciados, los que llevan claramente a la muerte de uno, dos, tres, cien o miles de niños y niñas chaqueñas, ante la amenaza real, cierta y concreta de la entrada en vigencia de la ley 27.610, que favorecería el aborto libre contra los niños por nacer”. Diversas encuestas, realizadas durante el traumático trámite de aprobación de esa ley, mostraban un mayoritario rechazo de los argentinos a la despenalización del aborto.