La salida de la presidencia de Vizcarra, acorralado por escándalos de corrupción, ha supuesto el cese automático de los miembros de su gabinete. Entre ellos figura Ana Neyra, que ocupaba la cartera de Justicia. Neyra había anunciado a finales de octubre la ampliación de los supuestos en los que el aborto es despenalizado. Concretamente, pretendía que se pudiera abortar a fetos humanos que eran resultado de la violación de una menor de 14 años, para lo cual bastaría el apoyo del padre o la madre (no de ambos) o de un juez. Como ocurre habitualmente en este tipo de avances de la legislación abortista, la excusa era un caso extremo de incesto en el que una menor pidió abortar tras ser violada y quedar embarazada. La ley no lo permite a pesar de lo cual se produjo el aborto y la joven ha sido acusada aunque en ningún caso acabará en la cárcel. El Código Penal de Perú penaliza el aborto excepto por indicación médica en caso de peligro de la vida de la madre, y ya contempla una pena menor de tres meses cuando el aborto es resultado de una violación o el bebé sufre malformaciones. Uno de los problemas de la ley actual es que no se requiere que haya una denuncia policial previa de la violación, lo cual favorece que se use ese causal como coladero para abortar sin razón real alguna que no sea el deseo de la madre.