El abogado de Becciu, Fabio Viglione, se refirió a las acusaciones de que su cliente interfirió en el proceso legal de Pell, insistiendo «enérgicamente» en que el purpurado «nunca ha interferido de ninguna manera. Además, dada la aparente voluntad de algunas agencias de noticias en representar falsamente una supuesta, aunque inexistente, actividad para manchar las pruebas del juicio del cardenal Pell, el cardenal Becciu acudirá de inmediato a las autoridades judiciales para proteger y defender su honor, tan gravemente dañado». Viglione había indicado anteriormente que Becciu podría emprender acciones legales contra los medios de comunicación que publican una letanía de acusaciones escandalosas sin pruebas o fuentes, y dijo en un comunicado del 7 de octubre que debía de haber un «equilibrio entre la libertad de prensa y el derecho a una información adecuada que sea respetuosa con todas las personas», añadiendo que el cardenal estaba meditando si acudir a las autoridades judiciales competentes para «preservar su honor y reputación, así como la de su familia». El periódico italiano Corriere della Sera fue quien primeramente especuló que los investigadores del Vaticano estaban investigando si Becciu había transferido 700.000 euros (823.000 dólares) en dinero del Vaticano a una cuenta bancaria australiana y si los fondos estaban relacionados con el juicio por abuso sexual de Pell, potencialmente para sobornar al acusador de Pell. Esto llevó a Vivian Waller, abogada del hombre que acusó a Pell, a emitir una declaración en la que rechazaba las acusaciones, insistiendo en que su cliente no había sido sobornado y que negaban «cualquier conocimiento o recibo de pagos» relacionados con su acusación contra el prelado australiano. Por su parte, el abogado de Pell pidió investigar oficialmente los hechos. Hasta la fecha no se ha confirmado si el Vaticano está investigando a Becciu o sus actividades, en las que estarían implicadas miembros de su familia. Al parecer, las autoridades civiles han iniciado una investigación, pero aún no se han presentado cargos. Sin embargo, a pesar del estado de una posible investigación sobre sus actividades, no es sorprendente que Becciu opte por hacer uso de su derecho legal a defender su honor, no solo porque la mayoría de las noticias de los medios que detallan las acusaciones en su contra no tienen un origen claro, sino también porque tales juicios son extremadamente comunes en Italia. Un estudio de 2016 realizado por el grupo de vigilancia Ossigeno, por ejemplo, informa que cada año se presentan más de 6.800 demandas en los tribunales italianos por difamación, y buena parte de ellas acaban en sanciones penales y civiles. Esos casos generalmente requieren dos años y medio para que se lleve a cabo una investigación policial y otros seis años para llegar a un primer juicio, lo que significa que si Becciu sigue adelante con su denuncia, podría prolongarse por un tiempo.