A pesar de que las directrices pastorales del Vaticano del 28 de junio les exigen a las autoridades chinas que respeten a quienes se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China (APCC), el Partido Comunista Chino (PCCh) continúa presionando a los sacerdotes de la que se conocía como la Iglesia católica clandestina para que sucumban a su régimen totalitario. Ante la resistencia de muchos, el Gobierno está extendiendo sus medidas represivas.
Culpa por asociación
El 1 de enero, la publicación Bitter Winter informaba sobre un anciano sacerdote de la diócesis de Mindong, situada en la provincia suroriental de Fujian, que padece cáncer y ha sido acosado por el Gobierno por negarse a unirse a la APCC. Debido a su alta posición dentro de la Iglesia católica, el Gobierno continúa presionándolo, buscando «transformarlo» para darle un ejemplo a otros miembros del clero en la diócesis. Incluso intentaron tentar al anciano sacerdote con dinero, pero el mismo se negó a comprometerse.
Según información recientemente recibida, el sacerdote fue expulsado de un hogar de ancianos en el cual vivió durante algún tiempo. Desde que se mudó a la casa de un pariente, el Gobierno ha estado intimidando al hombre en un intento de presionar al sacerdote utilizando la táctica de culpa por asociación. En junio de 2019, las autoridades clausuraron la fábrica que dirigía su pariente y, el 24 de diciembre, cortaron el suministro de agua y electricidad de su hogar, siendo el mismo el lugar donde actualmente reside el sacerdote. Las autoridades proclamaron que «cuidar al sacerdote constituye un delito» y amenazaron con demoler la casa si el pariente seguía albergando al sacerdote.
Irritados, los funcionarios gubernamentales incluso amenazaron con matar al sacerdote, afirmando que su muerte significaría que «se ha eliminado una molestia más».
El sacerdote afirmó que preferiría morir en prisión que unirse a la APCC. El mismo ha sido sometido a frecuentes arrestos y fue encarcelado bajo cargos de «contrarrevolución» en la década de 1970.
Los familiares de otros objetores de conciencia católicos de la diócesis de Mindong también han sido castigados utilizando la táctica de culpa por asociación. El 25 de diciembre, miembros del personal gubernamental cortaron el suministro de agua del hogar del hermano menor de un sacerdote que se niega a unirse a la APCC. Un pariente cercano de otro sacerdote fue amenazado con ser expulsado de su trabajo, y los funcionarios también le advirtieron a toda la familia que «no disfrutarían de una vida pacífica» a menos que el sacerdote cediera. Intentando proteger a sus familiares, el sacerdote cedió y se unió a la Iglesia oficial.
La misma suerte corrieron los miembros del clero de la diócesis de Yujiang, la cual pertenece a la diócesis católica de Nanchang, con sede en la capital de la provincia suroriental de Jiangxi. La represión de las iglesias católicas no registradas en la provincia se ha intensificado desde septiembre de 2019, luego de la visita de un equipo de inspección de trabajo religioso encabezado por Wang Yang, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.
Reprimidos en nombre de la «unificación»
Un católico de la ciudad a nivel de prefectura de Fuzhou, en Jiangxi, le dijo a Bitter Winter que funcionarios de la División de Seguridad Nacional de la ciudad trataron de coaccionar a un sacerdote local para que se uniera a la APCC, prometiéndole construir una nueva iglesia. Si se negaba, sería enviado de regreso a su aldea natal para trabajar como agricultor.
Funcionarios del Gobierno de la ciudad le mostraron la foto de otro sacerdote a una congregación católica, exigiéndoles identificarlo. Los mismos afirmaron que debido a que el sacerdote se niega a unirse a la APCC, se lo considera «un criminal peligroso», y a quienes le den asilo se les demolerán sus hogares.
Un sacerdote de la diócesis de Yujiang comentó que el PCCh tiene como objetivo eliminar eventualmente todas las iglesias católicas, restringiendo su crecimiento y transformando ideológicamente a sus sacerdotes, disfrazando sus acciones como esfuerzos de «unificación de la Iglesia».
«La ‘unificación’ de las iglesias oficiales y no registradas es simplemente uno de los pretextos utilizados por el Gobierno», añadió el sacerdote. «Luego de obligar a una iglesia a unirse a la APCC, pueden monitorear sus actividades a través de cámaras de vigilancia instaladas en la misma. Además, es obligatorio que la iglesia registrada enarbole una bandera nacional y cante el himno nacional. En realidad, esto te hace sufrir más». El sacerdote no se siente intimidado y no está dispuesto a ceder, está listo para morir como un mártir.
Se clausuran lugares de reunión y se prohíben las actividades religiosas
A fin de intimidar al clero y a los creyentes, el PCCh también clausura regularmente los lugares de reunión que no forman parte de la Iglesia oficial, dejando a las congregaciones sin ningún lugar donde reunirse. De esta manera, según creen los funcionarios, los mismos no tendrán más remedio que unirse a la APCC.
A fines de noviembre, el Gobierno clausuró numerosas iglesias católicas administradas por la diócesis de Mindong, las cuales estaban situadas en la ciudad a nivel de prefectura de Ningde, en Fujian, por contar con «medidas de control de incendios inadecuadas». Cuando la congregación de la iglesia de Laitou emplazada en Fu’an, una ciudad a nivel de condado en Ningde, prometió solucionar todos los problemas, los funcionarios respondieron que era inútil si su sacerdote continuaba negándose a unirse a la APCC.
En el mes de noviembre, una iglesia de la diócesis de Yujiang, emplazada en el poblado de Wenquan del distrito de Linchuan, en Fuzhou, fue reutilizada y convertida por el Gobierno local en un centro de actividades para ancianos.
El 7 de julio, un sacerdote estaba celebrando misa en una iglesia católica emplazada en el condado de Boye, administrado por la ciudad de Baoding en la provincia norteña de Hebei, cuando más de 30 policías irrumpieron en el lugar. Los mismos vaciaron la iglesia y detuvieron al sacerdote, enviándolo de regreso a su ciudad natal ese mismo día.
Como parte de las medidas represivas, el Gobierno también ha prohibido todas las actividades religiosas fuera de los lugares de culto. En el mes de noviembre, más de 100 creyentes se reunieron para celebrar misa en la Montaña Sagrada --un cementerio situado en el municipio de Qiligang, administrado por la ciudad de Jiangxi, en Fuzhou-- donde se encuentran enterrados numerosos sacerdotes y creyentes católicos. Más de diez funcionarios gubernamentales pronto se presentaron en el lugar y los dispersaron, amenazando con arrasar el cementerio hasta los cimientos si regresaban.
