«Habría podido ser el cuarto cura asesinado en la oleada de ejecuciones extrajudiciales que caracteriza el régimen del presidente Duterte. La tranquilidad de la rutina, hecha de silencio, oración y fraternidad con los hermanos Redentoristas podía poner en riesgo mi vida. Y ahora voy a un lugar más seguro». Permanecerá allí algunas semanas (o tal vez meses), lejos de los reflectores, en un lugar aislado donde nadie lo conoce, en una casa en la que llevará una vida rigurosamente privada, el redentorista Amado Picardal, sacerdote filipino que es una de las voces críticas con mayor autoridad (determinada, sincera y valiente) en la oposición al presidente Rodrigo Duterte.

El líder político (que llegó al poder en 2016) desde que comenzó su aventura política ha instaurado una relación conflictiva con la Iglesia católica, influyente institución en el país más católico de Asia. Muchos eclesiásticos, entre los que está Picardal, se habían pronunciado en contra de la posible reelección del presidente. Alguien llegó a definirlo «satanás» o «Pol Pot». Una vez elegido, Duterte no ha dudado en expresar su resentimiento a la Iglesia católica y, desde una posición muy aventajada y de poder, ha descreditado sin piedad y sin pelos en la lengua a algunos de sus exponentes, los ritos, las palabras o ideas del clero local.

Su «guerra contra la droga», una vasta campaña de represión que ha marcado su gobierno en estos dos años de presidencia, se ha traducido en una cadena de ejecuciones extrajudiciales sin precedentes, que han llegado al increíble número de 25 mil víctimas. Alrededor de 4 mil homicidios, según los datos oficiales, fueron perpetrados por los agentes de la policía (en incursiones o enfrentamientos armados con vendedores de droga o adictos); el resto de los asesinatos es obra de “escuadrones de vigilantes” y según ong como Amnistía Internacional y Human Rights Watch reciben dinero de los militares, que cómodamente los utilizan para hacer el trabajo sucio, sin respetar e estado de derecho y en la total impunidad.

Amado Picardal estaba por acabar atrapado en esta organizada red de “homicidios de estado”. Hace algunos días notó que ciertas personas rondaban en motocicletas como abejorros alrededor de su residencia en Cebu City. Estaban vigilando su casa, sus movimientos, sus costumbres. También habían comenzado a hacer preguntas sobre él a los vecinos. Deducción correcta: el incómodo y valiente sacerdote, que fastidia a Duterte desde que era alcalde en la ciduad de Davao, está en la lista negra y habría podido ser “eliminado”.

El mismo religioso redentorista confirmó en un mensaje enviado a Vatican Insider: «Desde 2017 recibo información sobre los escuadrones de la muerte que también toman como objetivos a sacerdotes y que yo estaba en lo alto de la lista. Después del asesinato de tres sacerdotes, en los últimos meses, creí que habría sido el próximo. Incluso he recibido un mensaje de correo electrónico que me acusaba de ser un adicto y me amenazaba», vulgar pretexto para justificar el homicidio. «Antes de dejar Manila, en marzo de este año, me enteré por una fuente confiable que efectivamente yo era un blanco», prosiguió. Así, Picardal decidió mudarse al monasterio de Cebú, lejos de la capital. Pero no fue suficiente.

«Un día el guardia del convento –cuenta– me refirió que había seis hombres en tres motocicletas, con el rostro cubierto, cerca de la entrada del monasterio y de la Iglesia entre las 17 y las 18 hrs. Normalmente ese era el momento en el que yo iba al supermercado y al bar». Lo estaban esperando. La ejecución ya había sido organizada. «Si hubiera salido de casa, no habría tenido escapatoria», afirmó. Por ello la urgencia de la fuga actual.

Pero, ¿por qué tratar de asesinarlo? ¿Por qué un sacerdote en su convento? «La única explicación radica en mi actividad: he predicado y escrito contra las ejecuciones extrajudiciales en los últimos 20 años, desde que vivía en Davao», insistió. Picardal sigue siendo el vocero de la Coalición contra las ejecuciones extrajudiciales, que monitorea el fenómeno. Ha ofrecido asistencia a la Comisión para los Derechos Humanos de la ong Human Rights Watch, que está investigando sobre los asesinatos. El redentorista publicó un Informe especial sobre los homicidios de los “escuadrones de la muerte” en Davao (entre 1998 y 2015). Su trabajo fue incluido en la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, en donde hay un proceso contra Duterte. El sacerdote también ha refugiado a ex miembros de las bandas de vigilantes que, arrepentidos, han contado sus historias. Algunos de ellos serán testigos en el proceso ante la Corte.

Picardal a menudo concede entrevistas sobre la delicada cuestión, y también dicta conferencias tanto en su patria como en el extranjero. Los medios masivos de comunicación lo definen como «uno de los críticos más feroces del presidente», pero «yo pretendo solamente ser una consciencia para la sociedad», explicó él mismo. Ahora, el religioso afirma que, según una de sus fuentes, la orden de matarlo proviene directamente del Palacio presidencial de Malacanang: o Duterte mismo o su entorno más cercano.

Pero «no tengo todavía pruebas seguras», aseveró. Sin embargo, después de que tres sacerdotes activistas sociales han sido asesinados durante el último año y medio (homicidios todavía sin culpables) el peligro para el valiente sacerdote es serio: «Siempre he sabido que mi vida habría estado en peligro, y lo he aceptado, para cumplir con mi misión profética. No temo la muerte. Estoy listo para aceptar el martirio, pero no lo busco ni seré un objetivo fácil».

Por este motivo, el sacerdote dejó temporalmente el convento en la montaña de Cebú y se escondió en un lugar más seguro, en absoluta soledad. Allí se dedicará a la oración, al estudio, a la escritura. «Seguirá hablando en contra del mal en la sociedad a través de mis escritos. Ayunaré y rezaré para que el Señor nos libre del mal. Mientras tanto, pido que mis amigos recen por nuestro país y por mi seguridad», concluyó. Mientras tanto, continuando con su misión en Manila, al lado de tantos otros sacerdotes, se queda el redentorista Ciríaco Santiago, que ha puesto a disposición su talento como fotógrafo para documentar las historias y las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales. Todos ellos son alfiles que defienden la dignidad de la vida, los derechos humanos y la legalidad.