Donald Trump ha reafirmado su posición provida, esta vez con su decisión recortar fondos de la Administración a las organizaciones y clínicas que promueven o facilitan el aborto. Las medidas anunciadas el jueves por la Casa Blanca supondrán que ninguno de esos centros ni sus respectivos programas recibirán dinero público si mantienen su actual labor de promover la práctica del aborto o de remitir pacientes a clínicas que lo realicen. Antes de proceder al recorte de fondos, la Administración dará la opción a los centros de mantener la percepción de las ayudas en el caso de que decidan renunciar a esa labor.

Aunque las leyes federales actuales ya prohíben destinar fondos a centros que usan el aborto como método de planificación familiar, organizaciones como Planned Parenthood, la más grande proveedora de abortos en Estados Unidos, han mantenido esa actividad y recibido hasta la fecha cuantiosas ayudas.

La política que va a aplicar la Administración Trump conecta con la que puso en marcha el presidente Reagan, según la cual los servicios de aborto requerían de una separación física y de personal del resto de las actividades relacionadas con la planificación familiar. Los abortistas consideran que en la práctica esta política termina suponiendo una «ley mordaza», al imposibilitar que los cuidadores de esos centros provean a los pacientes de cualquier tipo de información sobre el aborto o sobre dónde recibir ese servicio.

Para terminar con la falta de definición con la que actúan organizaciones como Planned Parenthood, fuentes de la Administración aseguraron que les exigirán desde ahora «una línea muy clara, tanto en la separación física como en la separación financiera, entre las actividades abortivas y todas las demás». El objetivo que buscan es que «ninguna de las que reciban fondos públicos pueda proporcionar o dar consejos sobre el aborto».

Los grupos pro abortistas confían en los tribunales para bloquear la puesta en marcha de las nuevas medidas.