La norma establece que "los profesionales, técnicos, asistentes, proveedores de servicios sociales que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán invocar el derecho a la objeción de conciencia y excusarse de participar y / o cooperar en todos esos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia basada en sus valores o principios éticos".

Entretanto, la legislación no permite a los profesionales médicos invocar objeción de conciencia "cuando la vida del paciente se pone en riesgo o es una emergencia médica".

La Representante Norma Edith Martínez Guzmán, perteneciente al Partido Encuentro Social (PES), presentó por primera vez la medida en octubre de 2017. Luego de su aprobación en la Cámara de Representantes, pasó al Senado donde se aprobó 53-15, con una abstención. El decreto ha sido enviado a la rama ejecutiva para ser promulgado y en un lapso de 90 días, las pautas para su aplicación deben ser emitidas.