La Corte Suprema va a tomar en consideración a partir del próximo 29 de marzo la demanda de David Daleiden contra la National Abortion Federation (NAF), después de que esta a su vez demandara al activista provida por publicar los vídeos que había obtenido con cámara oculta y en la que se veía cómo miembros de Planned Parenthood traficaban con órganos de fetos abortados en sus centros.

A raíz de esa demanda, el juez William Orrick –del que el propio Deleiden pidió su recusación por haber sido director de una centro en el que también se podían realizar abortos, asociado a Planned Parenthood– prohibió a Daleiden que se publicaran más imágenes y le impuso una multa de 200.000 dólares. Ante esta prohibición la Life Legal Defense Foundation apeló y solicitó a la Corte Suprema que revisara la decisión del juez Orrick, apelando que esa orden judicial era una mordaza y era una «infracción de los derechos de la Primer Enmienda».

Según los abogados de Daleiden la decisión del juez es inconstitucional basándose de otras decisiones de la Corte Suprema. Ésta el pasado mes de noviembre tomó en consideración los alegatos y solicitó más información a la National Abortion Federation.

«Tenemos dos semanas para que nuestros abogados estén preparados para acudir a los tribunales si la Justicia da luz verde», ha afirmado el presidente de la Sociedad Tomás Moro, Tom Brejcha.

El juez Orrick impuso esa orden de silencio porque Daleiden firmó con un acuerdo para no revelar la información, y de esa manera había renunciado a su derecho a la Primera Enmienda. Peor según los abogados de Daleiden, sería la primera ocasión en que se mantienen esa orden de silencio, si la información en cuestión es de interés público.

En los vídeos se veía a doctores que explicaban cómo aplastar los fetos de manera que los órganos no se vieran afectados y a otros doctores que explicaban los ingresos que obtenía Planned Parenthood por el tráfico de partes del cuerpo.