Los obispos advierten que «no contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico del país se vaya construyendo sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate de la sociedad. Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional».

La CEB lamenta que el nuevo Código:

Criminaliza el derecho a la protesta, en los artículos 209, 293 y 294.
Deja sin protección la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada.
Despenaliza el microtráfico de droga en el artículo 107.
Pone en entredicho la libertad de expresión y de pensamiento en los artículos 21 y el 106.
Introduce un control inaceptable de las redes sociales, en los artículos 245 y 246.
Implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas, cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa en el artículo 88.I.11
Atenta contra derechos humanos básicos, como el conocido artículo 157 que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas, que su punibilidad desaparece y fue aprobado en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país.
Para los obspos, «los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo. Atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales, es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana».

Y añaden:

«Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno».