El negocio de la muerte, liderado en España por la -mal llamada “Clínica”- Dator, en el punto de mira. La Policía Nacional investiga al centro por cooperar con una red de trata de blancas.

En concreto, según relata hoy el diario El Mundo, las investigaciones, que llevan en curso desde principios de año, se centran en el papel de la clínica en dos abortos, uno de ellos a una menor de edad, realizados a dos mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Según la investigación, el centro abortista cooperó con la mafia del tráfico de personas cuando los responsables de la mafia les llevaron a dos muchachas que se quedaron embarazadas de alguno de los “clientes”, una de ellas menor de edad. Los responsables del abortorio aseguran que “no repararon en que las dos mujeres, de distinta edad y grupo sanguíneo (aspectos que se miran en el centro), tenían en cambio el mismo NIE”. O sea, que las dos fueron con la misma documentación a abortar.

Tampoco, según relata la Policía en sus informes, se debieron de dar cuenta en el centro de muerte de que sólo pasó un día desde que acudieron al centro con intención de abortar hasta que les dieron cita. Un día, no los tres de reflexión preceptivos, según relata El Mundo.

Ni que una de ellas, embarazada ya de 18 semanas, no aportó ningún informe médico sobre posibles daños psicológicos o malformaciones del bebé, como indica la Ley que debe hacerse a partir de la semana 14. Cada una pagó 450 euros por abortar, que fueron abonados por los proxenetas que las controlaban.

Ni la mafia ni el establecimiento abortista preguntó a las mujeres si querían abortar o no. Simplemente las llevaron allí porque si su embarazo continuaba no podían seguir ejerciendo la prostitución. De hecho, para los proxenetas cada día contaba: entre los documentos intervenidos se han hallado cuadernos de contabiliadad diaria con la parte de la «deuda» que iban saldando las víctimas al vender su cuerpo.

La Policía ha elaborado sus informes contra la clínica basándose en la propia documentación que les remitieron los responsables del centro, donde quedan plasmadas las presuntas irregularidades.

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid dirige la investigación -aún en fase de instrucción- del caso junto a la Fiscalía de Madrid, a través de sus fiscales especialistas en temas de extranjería y trata de seres humanos.