La ONU pidió la semana pasada a la República Dominicana que despenalice el aborto bajo los tres supuestos de violación, malformación o riesgo para la salud de la madre gestante.

En sus recomendaciones al país adoptadas tras la evaluación del sexto informe periódico de la República Dominicana los días 16 y 17 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU mostró su preocupación porque considera injusto que se castigue con hasta 20 años de prisión el aborto en el país.

Este órgano de la ONU insiste en que «no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a los médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros».

Los expertos del Comité piden en concreto al Estado dominicano que «modifique su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada esté en riesgo».

En la práctica, que se legalice el aborto libre y seguro como en el resto de países que cuentan con el visto bueno de este comité que considera el aborto un «derecho» fundamental de las mujeres.

El Comité afirma, además, que la República Dominicana no debe regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos si es contrario a su obligación de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros. En este sentido, indica que el Estado dominicano «deberá revisar su legislación al respecto».