Y se mojó valientemente, dejando en evidencia a un Gobierno que se esconde tras el paraguas, enfrentándose a pecho descubierto a los golpistas y defendiendo a los españoles de Cataluña rehenes de una elite sediciosa y corrupta (la acusó de “inaceptable intento de apropiación” de la sociedad catalana).
Durísimo e histórico, comparable al de su padre, D. Juan Carlos, el 23-F de 1981.
Lo esencial fueron las cinco condenas a los golpistas y el toque de atención al Gobierno.
Esto es lo que piensa de los golpistas que han celebrado el referéndum ilegal y están a punto de declarar la independencia.
Les ha llamado lo siguiente: Desleales, antidemocráticos, insolidarios, peligrosos para la economía y fuera de la ley.
Desleales (“han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”)
Antidemocráticos (“Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho”)
Insolidarios (“Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles”)
Un peligro para la economía (“con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España”)
Y unos fuera de la ley (“Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”)
Pero también ha dado un toque de atención al Gobierno de Rajoy y a los jueces, al recordarles que:
Son responsables de imponer el Estado de derecho y tienen legitimidad para ello (“es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía).
El Rey ha dicho con claridad que el Gobierno, la Fiscalía, los tribunales… están plenamente legitimados para aplicar la ley y defender a la democracia del ataque de sus enemigos. Y que ellos, esos poderes del Estado, son los responsables de hacerlo.
¿A qué espera el señor Rajoy para asegurar el orden constitucional y la vigencia del Estado de derecho?
La pregunta que cabe hacerse, una vez que D. Felipe ha hablado, es ¿a qué espera el señor Rajoy para asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña?
Ya no tiene excusas Rajoy para pasar a la acción, aunque no quiera moverse sin contar con el consenso del reticente Pedro Sánchez.
El tiempo se le acaba a chorros. Una vez que Puigdemont declaró ayer en la BBC que la declaración de la independencia catalana es inminente.
El Gobierno puede aplicar el artículo 155 -que requiere la aprobación del Senado-; o bien pueder recurrir a la Ley de Seguridad Nacional -para que la que basta simplemente un decreto del Consejo de Ministros-. O alguna otra medida extraordinaria. Está legitimado para ello, palabra de Rey. Lo que no puede hacer es esconderse detrás del paraguas para ver si escampa.
Y la Fiscalía puede acusar a los cabecillas de los sediciosos (Puigdemont, Junqueras y Forcadell) para que sean detenidos y se sienten en el banquillo donde pueden ser condenados con hasta 15 años de cárcel.
De hecho, la maquinaria judicial que ya se puso en marcha hace días (la Audiencia Nacional ya abrió diligencias para investigar la sedición) está rodando. La juez Lamela, de la Audiencia, ha llamado a declarar al mayor Trapero por ese delito.
Lo peor del discurso del Rey: la tardanza. Debió salir la misma noche del 1-0 o incluso antes, el 12 de septiembre cuando el Parlament aprobó el referéndum ilegal y la ley de Transitoriedad.
Lo mejor: Que no apelara al diálogo. Si Errejón, Iglesias y Colau se lo han echado en cara quiere decir que el Rey cabalga.
