El tribunal ha impuesto al sacerdote la pena expiatoria perpetua de expulsión del estado clerical, que es la máxima sanción dispuesta por el ordenamiento jurídico de la Iglesia. Esto significa que el señor Benavides no conserva el ejercicio del ministerio sacerdotal: no puede administrar sacramentos ni ejercer los derechos propios de dicho estado, como tampoco puede desarrollar otros encargos o actividades en parroquias, colegios u otras instituciones católicas.

En nombre de la Iglesia, el Obispo de San Felipe, Monseñor Cristián Contreras Molina, pide perdón a las personas que han sido víctimas de estos gravísimos delitos, y les expresa su cercanía, lo mismo a sus familias.

A la comunidad diocesana, nuevamente afectada por episodios que nunca debieron haber ocurrido y que nos avergüenzan, les pido apoyar con su oración y compromiso efectivo, los pasos que la Iglesia ha venido dando para tomar plena conciencia del flagelo del abuso a menores de edad. Prevenir estos abusos es una necesidad de primer orden en nuestro trabajo pastoral y en toda la sociedad".