La instancia eclesial exige al gobierno que cumpla con la garantía de los derechos fundamentales, que «cese la cacería de brujas contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen» y que «se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y estado de salud».

También recordó al Estado «la responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles», por lo cual esta comisión exige «el cese de la persecución, la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia contra estos ciudadanos».