La captura de los exgobernadores mexicanos Javier Duarte (Veracruz) y Tomás Yarrington (Tamaulipas), presos en Guatemala e Italia respectivamente, ha sido el detonante para que la archidiócesis de México arremete contra la que ve como "la cloaca de corrupción'' imperante en el país. Opina asimismo en dicho editorial que de esta corrupción la impunidad resulta "el principal ingrediente".
Añade que a esos exmandatarios estatales (del Partido Revolucionario Institucional, del presidente Enrique Peña Nieto) se les "ensalzó como la nueva generación política del cambio contra el pasado autoritario antidemocrático y de poder desmedido".
El editorial refiere estados desfalcados y en quiebra económica porque operaron gobernadores sin contrapeso alguno y "quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos".
"Hediondez del poder" es el título del duro titular del editorial de la Iglesia católica mexicana.
Duarte escapó a Guatemala cuyas autoridades lo detuvieron y están a la espera del reclamo y expediente oficial de extradición de las autoridades mexicanas.
Yarrington está tras las rejas en Florencia y será extraditado primero a Estados Unidos, que también lo reclama, donde será juzgado.
Por acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y México, después el exgobernador de Tamaulipas enfrentará a un tribunal mexicano, pero deberá regresar a una cárcel estadounidense.
El texto completo del editorial "Hediondez del poder" de Desde la Fe
La captura y extradición de dos ex gobernadores demuestra la cloaca de corrupción que somete a México, donde la impunidad es el principal ingrediente. Los agravios son evidentes cuando la opinión pública conoce del patrimonio exorbitante y de los caudales de recursos que cebaron a los delincuentes en feudos corruptos para solapar negocios y proteger amigos; los allegados se beneficiaron de cargos inexistentes, cuentas fantasma, licitaciones o compensaciones a nombre del Estado, sin mayor explicación o transparencia.
Después de la alternancia y fin del autoritarismo presidencial terminaron los pactos del poder, y los gobernadores encontraron el perfecto filón de oro para satisfacer voraces ambiciones sin responder a nadie y ejecutar el pago de favores. Un inimaginable caudal de recursos llegó a los Estados a través de fondos destinados al desarrollo social o de infraestructura local, aparte del financiamiento público de partidos políticos, donde gobernadores podían intervenir libremente en los procesos para inclinar la balanza electoral en favor de sus intereses; era el arca abierta a su antojo.
Corrupción y democracia son el binomio perfecto del empoderamiento de estos megalómanos. Algunas cifras publicadas durante el pasado proceso electoral federal 2012 mencionaban que, para el caso de una campaña para gobernador, la autoridad electoral habría puesto topes de campaña de entre 40 y 50 millones de pesos; sin embargo, se necesita más que esa pingüe cifra para amarrar el cargo. Una campaña ganadora requiere de entre 400 y 700 millones de pesos. Esto indicaría el engaño y fraude a la ley para fondearse de recursos ilegales, de fuentes no permitidas, incluso del poder corruptor del crimen organizado, a través de contabilidades dobles, una para la autoridad y otra sólo para los ojos del candidato. Ese resquicio legal descompone la democracia para consolidar poderes desmedidos que rayan en lo obsceno y burdo.
No obstante las juramentadas declaraciones de líderes de partidos políticos de presentar hombres y mujeres intachables en los cargos, la realidad demuestra cómo es más fácil ganar con un desequilibrado que con personajes de reputada e impecable trayectoria. Más allá de las cuestiones personales, la corrupción de gobernadores presenta el profundo dilema moral en el que México está sumergido cuando, a los ahora señalados, se les ensalzó como la nueva generación política del cambio contra el pasado autoritario, antidemocrático y de poder desmedido. Las refinadas formas de la política llevan detrás el grotesco manejo de la corrupción a modo, cuyo germen es la impunidad. En los Estados desfalcados y en quiebra económica operaron gobernadores sin contrapeso alguno, y quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos.
El asombro público por este fenómeno de corrupción entre gobernadores no debe quedar en el pasmo. Reformas electorales van y vienen, y el resultado es el mismo: encumbrar la corrupción como arte del éxito político. Es necesario un cambio de mentalidad para ejercer el servicio público bajo la responsabilidad ética -porque el poder no es negocio-, así como adelgazar el sistema esclerotizado por privilegios, fueros y protecciones extralegales. La demanda de la ciudadanía es que los responsables, de ser culpables, reparen el daño y restituyan la riqueza del pueblo por el fraude cometido. Es el examen para enfrentar el fracaso del sistema federalista en obsolescencia. Por lo pronto, hoy soportamos la hediondez del poder.
