La elaboración del protocolo había sido pedida por la Corte Suprema de Justicia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en 2012, en el marco de un fallo en el que ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación, por lo que el aborto en ese caso no está supeditado a un trámite judicial.

La división

Los portavoces del gobierno admitieron a Clarín que la reglamentación se «congeló» cuando llegó al despacho de Julio Conte Grand, el secretario Legal y Técnico provincial, de reconocidos vínculos con el Opus Dei. La firma de Conte Grand es indispensable para que una resolución se publique en el Boletín Oficial.

Previamente, el secretario de Producción, Joaquin de la Torre, también muy cercano a la iglesia católica, se había pronunciado en contra del protocolo. Quienes también se opusieron fueron varios intendentes peronistas que firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua.

Postura

El año pasado, en una entrevista radiofónical, Vidal se manifestó a favor del aborto en los casos contemplados por el Código Penal. Sin embargo, una vez al frente del gobierno, se habría inclinado por una posición distinta.

Según filtraciones difundidas por La Nación, la ministra de Salud no habría consultado a Vidal la firma de la resolución.

Tras la decisión de no adherir al protocolo, desde el Gobierno de Vidal enfatizaron que la provincia «ya tiene un protocolo vigente».