Las denominadas monjas Misioneras, Orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario pertenecen a una asociación privada de fieles, cuyo gobierno es autónomo y que había permanecido bajo la autoridad de su fundador, el arzobispo emérito Rubén Di Monte, fallecido el pasado 18 de abril. Esta asociación se encontraba en proceso de convertirse en un instituto religioso, pero todavía no contaba con esa aprobación.
Así lo precisó en diálogo con Télam el presbítero Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien aclaró que «los posibles delitos cometidos por algunos de sus integrantes tienen consecuencias legales y deben resolverse en la Justicia como cualquier ciudadano».
Consultado sobre si es correcto denominar monjas a las mujeres que viven allí, Landra explicó que esa expresión «se utiliza para las integrantes de institutos religiosos que usan hábito y tienen la característica de la vida de clausura», pero indicó que en este caso sería más preciso llamarlas «consagradas».
Ancla pesada
Por su lado monseñor Lozano indicó que «lejos estamos de la transparencia y la verdad», al referirse al acaso López. «La impunidad, de la mano de los sobornos, constituyen un ancla pesada que no permite avanzar adecuadamente», sostuvo. Respecto del intento de López de esconder dineros en una casa religiosa, monseñor Lozano consideró «sui generis» al grupo de consagradas que recibieron a López la madrugada en la que fue detenido con los bolsos de dinero y un fusil.
«Lamentablemente no es una comunidad de la cual se sepa mucho. Es importante que la Justicia avance en la investigación de todos los vínculos posibles de corrupción», reclamó.
Citación
Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas confirmó anoche lo que se había adelantado como noticia, al llamar a indagatoria a una monja, a dos empresarios y a la ex mujer de López, en el marco de la causa en la que el ex funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.
El magistrado dispuso que sean indagados la monja Celia Inés Aparicio, quien ayudó a López a entrar los bolsos al convento; y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, presuntos testaferros del ex funcionario. También deberán presentarse en el juzgado la esposa del ex secretario de Obras Públicas, María Amalia Díaz, y el propio López, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza y tendrá la oportunidad de ampliar su indagatoria.
Por su lado, el fiscal Federico Delgado advirtió ayer que las monjas pudieron haber encubierto a López y adelantó que de acuerdo con los plazos procesales, el juicio oral por enriquecimiento ilícito podría iniciarse «en un par de meses», aunque aclaró que eso dependerá del trabajo del juez Rafecas. (DyN-Télam)
«La mdre Inés dijo que no conocía a Báez»
Tres de los seis policías que arrestaron al ex secretario de Obras Públicas, José López, declararon ayer ante la Justicia que las monjas del convento de General Rodríguez tardaron más de media hora en dejarlos entrar y que desde el interior del edificio clerical les decían que no había entrado nadie.
Ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado, los agentes relataron que las monjas tardaron entre «40 minutos y una hora» en dejarlos entrar. Uno contó que tras llegar al convento conversaron a través del portero eléctrico con alguien que estaba en el interior y dijo que allí no había entrado nadie. También relataron que la madre Inésrespondió que no conocía a López y la madre Alba -de 94 años- que no se acordaba el nombre cuando, les preguntaron si conocían al ex funcionario que había llegado allí. (Télam)