El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado la ley que permitía los vientres de alquiler y ha pedido al Parlamento una nueva norma que incluya las recomendaciones del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNECV).
En un comunicado remitido al Parlamento, el jefe del Estado luso aludió a la valoración realizada por el CNECV, en la que alerta de que en el decreto “no están salvaguardados los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante, ni se realiza el marco adecuado del contrato de gestación”.
La norma, aprobada por el Parlamento en mayo, regulaba el uso de los vientres de alquiler por parte de mujeres sin útero o con algún problema que les impida quedarse embarazadas y establecía que no podía existir ningún tipo de remuneración por esta práctica.
Según el CNECV, el texto cuenta con algunos “vacíos legales” que deben ser revisados, como los términos de la revocación del consentimiento de la gestante, la previsión de disposiciones en caso de que ocurran malformaciones o que se interrumpa el embarazo, y la no imposición de restricciones de comportamiento a la gestante.
El marxista Bloque de Izquierda, autor del proyecto, se mostró disponible para “clarificar algunos puntos de la ley que puedan suscitar dudas” pero sin que sea desvirtuada la esencia de la norma, según explicó hoy el diputado Moisés Ferreira en una comparecencia en el Parlamento.
El decreto recibió el apoyo en el Parlamento de las formaciones ecologistas, la inmensa mayoría de los diputados socialistas y un tercio de los diputados del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y fue rechazado por los comunistas y los democristianos del CDS.
Por ello, Rebelo de Sousa subrayó que no se trata de una deliberación que corresponda “a la división entre grupos parlamentarios de apoyo al Gobierno y grupos de la oposición, ni a la clásica distinción entre derecha e izquierda”.
La Constitución portuguesa otorga al jefe del Estado la capacidad de “veto absoluto” a las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y “veto relativo” a las normas avaladas por el Parlamento.
En este caso, el Parlamento puede volver a aprobar la misma ley sin realizar cambios y el presidente estaría obligado a promulgarla en ocho días, a menos que decida enviarla al Tribunal Constitucional.
Se trata del primer veto a una ley realizado por el conservador Rebelo de Sousa, que tomó posesión el pasado 9 de marzo.
(Fuente: Infovaticana)
