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Nacionalización consentida
19 - 04 - 2016 - IGLESIA - América

Ninguna oposición de la Iglesia de México: solo es una adecuación a las leyes que no afecta las celebraciones.

Con el aval de la Arquidiócesis primada de Ciudad de México y del Cabildo de Guadalupe se da un nuevo y decisivo paso hacia la nacionalización de la famosa basílica de las apariciones, donde se custodia la tilma de San Juan Diego. Con leguaje burocrático, las partes en causa informan “que no se interpondrá inconformidad” al proceso administrativo que comenzó hace muchos años y concluirá con el traspaso al Estado del santuario más famoso del mundo. El diario mexicano Excelsior comunica que la declaratoria oficial por la que se formaliza la nacionalización del inmueble denominado “Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y Anexos”, ubicado en Plaza de las Américas números 1 y 2, en la colonia Villa de Guadalupe, está a días de ser emitida en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, una especie de Boletín Oficial que notifica, con la publicación, la conclusión de un procedimiento administrativo.

¿Lo que no pudieron hacer los gobiernos anticlericales mexicanos de fin de siglo –la expropiación a la Iglesia y la subordinación de sus prerrogativas- logró concretarlo un gobierno democrático encabezado por Peña Nieto y su equipo? Nada de eso, aunque algunos hayan hablado de una revancha histórica del Estado mexicano contra la Iglesia nacional, que debió transitar circunstancias de todo tipo para hacer frente a una concepción de laicidad que suponía la completa exclusión -ni más ni menos- de la Iglesia de la vida pública.

Tanto los obispos del país, reiteradamente visitado por los Papas en este siglo –el último de los cuales fue Francisco en el mes de febrero-, como el gobierno federal mexicano, decidieron de común acuerdo y sin choques de ningún tipo allanar el camino hacia la nacionalización, que hubiera podido verse complicado por reivindicaciones y procesos judiciales interminables. Nada que objetar tampoco de parte del arzobispado de Ciudad de México, con el cardenal Norberto Rivera Carrera a la cabeza, quien pronto pasará a ser emérito. La última formalidad que queda es la declaratoria administrativa que formalizará el traspaso del inmueble al Estado. A partir de ese momento, este último deberá asumir el control de la propiedad, así como la administración misma de la basílica que custodia la famosa tilma donde está impresa (término impropio, porque los estudios no han podido comprobar la presencia de enzimas químicas en el tejido) la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina.

Nada de todo esto tiene ninguna relación con la expropiación de Plutarco Calles y la persecución que determinó la sublevación católica en 1923, conocida como Guerra Cristera. La expropiación de la Basílica y sus anexos no será la última, aseguran fuentes eclesiales, que remiten a la ley sobre las asociaciones religiosas del 15 de julio de 1992, que establece que todas las iglesias abiertas al culto público antes de enero de 1992 (cuando se concretó la reforma en materia religiosa del presidente Carlos Salinas de Gortari) pasaran a la nación. Y dado que la Nueva Basílica de Guadalupe fue construida en 1979, antes de la reforma, no fue posible inscribirla en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, aunque la administración pase a manos del Estado –afirman en el arzobispado de Ciudad de México- todo lo que tiene que ver con la liturgia y el culto seguirá estando, como hasta hoy, bajo la tutela de las autoridades de la arquidiócesis y de la Conferencia Episcopal Mexicana.

Los que no están nada tranquilos sobre su futuro son cientos de vendedores que pululan en los alrededores de la basílica, visitada anualmente por unos veinte millones de devotos de la Morenita. La nacionalización de la Basílica implica también la nacionalización de la Plaza Mariana, la última construcción del complejo guadalupano, que incluye mercados y dos mega estacionamientos. “Sería adecuado que la notificación especificara en un mapa cuáles son estos anexos”, reclama la asociación de vendedores, “para evitar cualquier tipo de fraude”. Caso contrario, la guerra que la Iglesia no quiere comenzar, la llevarán adelante los vendedores ambulantes.

(Fuente: Vaticaninsider)