Se les ha tachado de intolerantes y acusado de violar los derechos humanos. Las ‘leyes anti totalitarismo LGTB’ aprobadas en estados como Misisipi o Carolina del Norte han hecho correr ríos de tinta en la prensa más progresista que, al parecer, no se ha parado a pensar en el origen, en el ‘qué hay detrás’, de esta reacción legislativa en cadena. Lo vemos.

El pasado año el Tribunal Supremo legalizó el matrimonio homosexual en todo el país. De forma paralela se aprobaban en todo el territorio estadounidense textos normativos encaminados, sobre el papel, a garantizar la igualdad de trato de las personas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) pero que, en realidad, imponían un cambio social radical basado en la ideología de género.

Con la igualdad de trato por bandera, se decretaba que el uso de los espacios separados por sexos –vestuarios y cuartos de baño, por ejemplo- podría hacerse según la identidad de género de cada persona, coincidiera ésta o no con su sexo y sin necesidad alguna de informe médico. Más. Que el dueño de un establecimiento hotelero decidiera, por ejemplo, no celebrar bodas gays en su negocio suponía, con la ley en la mano, una vulneración de los derechos de las personas LGTB. Adiós al derecho de admisión en un negocio privado.

Estas leyes –aprobadas en más de una Comunidad Autónoma española y a debate en la Asamblea de la Comunidad de Madrid- fueron el germen de las protestas sociales por parte de quienes no quieren claudicar ante la ideología de género. Distinguen entre el respeto que toda persona –heterosexual, homosexual o lo que se le antoje- merece y la asunción de ideas como que el sexo-género es una construcción cultural que puede variar al antojo de un individuo a lo largo de su vida.

Es en este contexto en el que el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, rubricó, el pasado 23 de marzo, una ley que para unos es anti-LGBTQ y para otros es de defensa de la libertad en empresas y comercios. El texto, ya recurrido ante la justicia por la American Civil Liberties Union, por “violar los derechos constitucionales de las personas LGBT y la ley federal”, revierte cualquier norma que no esté en línea –o que vaya más allá- de la ley estatal de no discriminación. Es decir, reconoce el derecho de toda persona a no ser discriminada por cuestión de raza, sexo o religión, pero no incluye la “no discriminación por orientación sexual e identidad de género”. ¿En qué se traduce? En que los lugares públicos podrán como hoteles, restaurantes y otros lugares que atienden al público, podrán discriminar por orientación sexual e identidad de género y que el uso de baños o vestuarios deberá hacerse de acuerdo con el sexo señalado en el certificado de nacimiento (un certificado que legalmente se puede modificar tras una cirugía de reasignación de sexo).

Aprobada la ley, el estado de Carolina del Norte prevé una reacción parecida a la que se vivió en Indiana en 2015, cuando se aprobó una ley de libertad religiosa que permitía que usuarios de establecimientos o lugares de celebración no atendieran a personas homosexuales si el acto iba en contra de sus creencias religiosas: una boda, por ejemplo. El gobernador Mike Pence se defendía de las furibundas críticas señalando que “si pensara que su ley legalizaba la discriminación de alguna manera, la habría vetado”. El boicot empresarial y turístico al Estado es similar al que vive ahora Carolina del Norte. Empresas como PayPal, A + E Networks o 21 Century Fox amenazan con reconsiderar el uso de Carolina del Norte como lugar de trabajo o rodaje en el futuro.

También en Misisipi
De forma paralela a Carolina del Norte, el estado de Misisipi ha promulgado una ley de Protección de la Libertad de Conciencia de la Discriminación Gubernamental. Sancionada por el gobernador Phil Bryant, exonera a los funcionarios que así lo deseen de dispensar licencias de matrimonio o celebrar bodas entre personas del mismo sexo si ello atenta contra sus principios religiosos.

Además, los médicos podrán declinar su participación en operaciones de reasignación de sexo o tratamientos de fertilidad.

Leyes como éstas llegan precisamente después de que se haya sancionado e incluso amenazado con la cárcel a quien ha rechazado prestar determinados servicios en bodas de personas homosexuales.

(Fuente: Infovaticana)