El proceso de la nacionalización de la Basílica, conocido como el “Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y Anexos”, está a punto de dar el pistoletazo de salida. Con la aprobación y apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno mexicano tiene vía libre.

Aunque este recinto mariano no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad desde su inauguración en 1979, cabe destacar que la iglesia no puede reclamarlo como suyo, ya que de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, los templos abiertos al culto antes de la reforma de 1992 – año en que se concretó la reforma en materia religiosa impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari- deben de pasar a manos del Estado.

El lugar sagrado, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue construido en 1979, antes de dicha reforma. Es por esto por lo que, según la prensa mexicana, “la nacionalización no sorprende a las autoridades eclesiásticas”, puesto que así lo estipula la ley.
Cabe destacar que la nacionalización de la Nueva Basílica de Guadalupe -dirigida actualmente por el sacerdote Enrique Glennie Graue- comprendería el edificio del Atrio, además de algunos “Anexos”, que no han sido especificados. Esto significa que solamente se expropiaría “la construcción”, mientras que la liturgia continuaría bajo la tutela del Arzobispado Primado de México y de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

(Fuente: Infovaticana)