La antropóloga Adriana Kaplan, que dirige la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja desde 1989 en la prevención de la ablación, hace esta estimación considerando el número de niñas que viven en España procedente de países donde se realiza esta práctica, y que ha aumentado un 40% desde 2012, cuando se cifraban en 17.000 las menores de 14 años en situación de riesgo.

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora mañana, 6 de febrero, Kaplan señala que “queda mucho por hacer” para prevenir esta costumbre, que está reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

La “gran tarea pendiente”, en su opinión, es la formación “sistemática y específica” de los profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales para hacer “un trabajo de prevención” y de acompañamiento y cuidados específicos a las mujeres que ya han sido mutiladas.

La población residente en España procedente de los países donde se lleva a cabo esta práctica es originaria fundamentalmente de Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Mauritania, Camerún y Guinea-Bissau.

Esta población reside mayoritariamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y el País Vasco, aunque se reparte prácticamente por todo el territorio nacional.

Los principales factores de riesgo son el país de procedencia de las madres, la pertenencia a una etnia, el nivel educativo de los progenitores y la prevalencia de esta práctica en generaciones anteriores.

Los defensores de esta costumbre argumentan que es decisiva para preservar la identidad étnica y de género, proteger la feminidad, la pureza y la virginidad, garantizar el “honor de la familia”, asegurar el matrimonio y mantener una higiene saludable.

Kaplan, una de las mayores expertas mundiales en mutilación genital femenina, estima que el “gran reto” es la formación de profesionales que están en los circuitos reglados de la sanidad, la educación y los servicios sociales para que puedan transferir el conocimiento hasta las comunidades “en cascada”, sin que ninguna administración haya hecho “una inversión y una apuesta clara” en este sentido.

Destaca la importancia de hacer un trabajo de prevención con las niñas “desde antes de nacer” en los servicios de pediatría y enfermería, cuando la madre ha sufrido una mutilación genital y la niña puede estar en riesgo de padecerla, sin esperar “in extremis” al momento en que la familia viaje con ella a su país de origen.

Los programas de prevención y acompañamiento, a su juicio, deben contribuir a combatir los prejuicios y crear competencias interculturales para que los profesionales puedan desarrollar su labor “desde el respeto y el acercamiento”.

La experta reconoce la necesidad de disponer de un marco jurídico adecuado contra la mutilación genital femenina, aunque matiza que “la ley no es suficiente porque los cambios en la legislación no modifican una tradición milenaria”.

Alrededor de 130 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de mutilación genital femenina. Por su parte, Unicef considera que es “imprescindible trabajar para aumentar las tasas de descenso y evitar la continuidad de una práctica que supone una violación de derechos humanos”.

Elena Filella, especialista en derechos de infancia de Unicef Comité Español, precisa que la organización trabaja con las comunidades, los líderes tradicionales y religiosos, el personal de sanitario de los centros de salud, los medios de comunicación y los gobiernos para generar sensibilización e información sobre los perjuicios de la mutilación genital femenina sobre la salud y el desarrollo de las niñas y de las generaciones futuras.

(Fuente: infovaticana)