Al presentar el texto, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, a su vez de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) y Arzobispo de Bogotá, Cardenal Rubén Salazar Gómez, destacó la importancia de que los diversos sectores logren consensos para consolidar las condiciones de una paz duradera y estructural, basada en la justicia, la solidaridad y la fraternidad.
Aseguró que para ello es necesario tener en cuenta los retos que enfrenta el país para superar los problemas sociales y económicos que se constituyen en generadores de la violencia y la desigualdad.
Proceso iniciado en el 2009
El cardenal recordó que los contenidos del Acuerdo Nacional de mínimos para la Reconciliación y la Paz en Colombia, son el resultado de un amplio proceso iniciado en el 2009, en el que participaron diversos actores de la vida social, económica, política y académica, así como diferentes organizaciones públicas y privadas del país, para recoger las propuestas ciudadanas sobre las condiciones necesarias para una reconciliación y paz estructurales y permanentes en la sociedad colombiana.
Añadió que dadas las transformaciones y cambios en los contextos y realidades regionales y nacionales, la Comisión de Conciliación Nacional se apoyó en un equipo académico para hacer una actualización de los ocho mínimos del Acuerdo Nacional, con el fin de aportar en las propuestas que están haciendo las diferentes organizaciones en el proceso de paz y como estrategia para ambientar la posible post-negociación y las condiciones futuras de una paz estructural.
Hay que avanzar en determinados aspectos
El Cardenal planteó que como complemento a estos mínimos de paz, la Iglesia en Colombia considera que «se debe avanzar en aspectos como la justa distribución de la tierra y el logro de un auténtico desarrollo económico, de un desarrollo integral para el hombre y los campesinos de nuestra nación; el acompañamiento permanente a las víctimas, trabajando en favor del derecho que éstas tienen a la verdad, la justicia y la reparación; ambientar los escenarios para que sea posible el perdón en todos los estamentos de la sociedad; acompañar la reincorporación social de los victimarios y actores de la guerra, mediante la reinserción social de los excombatientes».
También en «ampliar el concepto de democracia, con la construcción o el fortalecimiento de espacios de participación política; fortalecer la confianza de la población en el proceso de paz, trabajando en torno a la reconciliación y un ambiente en que sea posible el perdón, así como terminando el conflicto armado; y aportar en el diseño e implementación de procesos de formación ética y pedagógica, en torno al tratamiento y gestión de los conflictos bajo el enfoque de la no violencia y la solución pacifica de los mismos, que ayuden a generar un cambio de actitud y de forma de pensar de la población».
El Presidente del Episcopado expresó su confianza en que este documento servirá para alimentar la reflexión permanente sobre la necesidad de avanzar en grandes consensos nacionales que permitan a todos los colombianos alcanzar la paz tan anhelada.
Los ocho mínimos del Acuerdo Nacional se sintetizan así:
* Una política de reconciliación y paz: fundamentos para acompañar los procesos de la post-negociación y el logro de acuerdos para garantizar el avance en los mismos.
* La equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna y construir una política de igualdad en Colombia.
* Reforma agraria amplia e integral a partir de un acuerdo sobre la tierra y el territorio para alcanzar la paz en el campo.
* Educación con calidad y cobertura para todos como un derecho fundamental que permite la movilidad social y reduce la desigualdad.
* Democracia real y la transparencia en el uso de los recursos públicos para fortalecer la legitimidad de las políticas públicas y el estado;
* Construcción del país desde la diversidad regional para avanzar en el proceso de la descentralización como garantía del desarrollo territorial;
* Alternativas productivas sostenibles como propuestas para una economía post-conflicto con un modelo de desarrollo humano y sostenible;
* Participación ciudadana en la construcción de los destinos colectivos para avanzar en la legitimidad de las políticas públicas.
(Infocatólica)
