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Nulidad matrimonial. Una reforma que corre el riesgo de hundirse al nacer
31 - 12 - 2015 - VATICANO - Organismos

La extrema facilidad de los procesos era la solución ideada por el papa Francisco para readmitir a la comunión a los divorciados vueltos a casar. Pero no todo funciona como está previsto. Una nota del canonista Guido Ferro Canale 

Como ya lo hizo el padre Antonio Spadaro en "la Civiltà Cattolica", también otro de los eclesiásticos más cercanos a Francisco ha lanzado un globo de ensayo en vistas de las conclusiones que el Papa extraerá del sínodo sobre la familia.

Su nombre es Marcello Semeraro. Es obispo de Albano, la diócesis dentro de la cual surge la villa pontificia de Castel Gandolfo. Jorge Mario Bergoglio lo había conocido y apreciado ya antes de ser electo Papa. Y lo quiso contar entre sus más estrechos colaboradores, primero como secretario del consejo de los nueve cardenales para la reforma de la curia romana y del gobierno de la Iglesia, y luego también como miembro del sínodo, entre los encargados de la redacción del informe final.

En un librito publicado a fin de año, con el título "Il sinodo della famiglia raccontato alla mia Chiesa" [El sínodo de la familia contado a mi Iglesia], editado por MiterThev, Semeraro sostiene que la novedad fundamental del sínodo ha sido el "pasaje de la moral de la ley a la moral de la persona".

Y a propósito de la readmisión a los sacramentos de los divorciados que se han vuelto a casar escribe:

"El sínodo se ha abstenido de proponer al Papa en forma simplemente teórica y abstracta la cuestión específica de la posibilidad de admisión a los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía para los fieles bautizados que viven conyugalmente en condición de civilmente divorciados que se han vuelto a casar. Ha pedido acercarse a la persona. Sin embargo, no ha eludido el problema, sino que ha puesto las bases para una solución ya con el hecho de haber insertado la cuestión acerca del discernimiento de imputabilidad".

En dos notas a pie de página Semeraro especifica mejor adónde quiere llegar y sobre todo adónde espera que llegue el papa Francisco en la esperada exhortación post-sinodal.

En la primera de estas dos notas el obispo de Albano escribe que las soluciones "en el fuero interno" del que habla el informe final del sínodo van más allá de una decisión de conciencia individual. Esas soluciones constituyen "un verdadero proceso ('foro') que se desarrolla en el ámbito sacramental ('interno', o sea en el sacramento de la Reconciliación y Penitencia) y que ve incluye la participación de un fiel y de un ministro autorizado de la Iglesia".

Y en la segunda nota remite a una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida a los obispos el 11 de abril de 1973, para mostrar que ya entonces la Iglesia alentaba una "especial solicitud [para los] que viven en situación irregular, utilizando en la solución de tales casos, además de los medios adecuados, la práctica aprobada por la Iglesia para el fuero interno".

Las restricciones llegaron después, prosigue Semeraro, cuando Juan Pablo II impuso a las parejas irregulares, como condición para recibir la comunión sacramental, el compromiso de vivir "en abstinencia plena".

Pero ahora el obispo de Albano espera que se vuelva a la disciplina anterior, reabriendo las soluciones entonces consentidas "en el fuero interno". Y es precisamente lo que – según su juicio – el sínodo habría hecho ya, guardando silencio respecto a las restricciones introducidas por Juan Pablo II y, en consecuencia, "dejando 'abierto' un texto que ha querido confiar a un nuevo discernimiento del sumo pontífice".


DESDE LA CARTA DE 1973 A LOS NUEVOS PROCESOS MATRIMONIALES


Como antes el artículo del padre Spadaro en "La Civiltà Cattolica", se presume también que este librito del obispo Semeraro refleja el pensamiento del papa Francisco, al cual ambos son muy cercanos.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la "solución" propugnada por Semeraro, con la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1973 a sus espaldas, ya había sido ampliamente examinada a partir de los años '70, cuando la cuestión de los divorciados vueltos a casar se había impuesto por primera vez en forma masiva a la atención de la Iglesia, a causa de la introducción del divorcio en muchas legislaciones civiles.

Anteriormente, en efecto, tal cuestión parecía mucho menos imperiosa, tan cierto es que no hay huellas de ella en las discusiones del Concilio Vaticano II y ni siquiera, explícitamente, en la citada carta de 1973 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que no se habla de "divorciados vueltos a casar", sino más genéricamente de "uniones irregulares":

> Carta sobre la indisolubilidad del matrimonio

En 1998 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, al referirse al punto en cuestión en un volumen editado por la Congregación de la cual él era el prefecto, citó ampliamente esa carta y escribió que su fin era "el de proteger y defender la indisolubilidad del matrimonio frente a ciertos desarrollos liberales".

Agregó:

"Pero el remitir a la práctica examinada en el fuero interno estaba abierto a distintas interpretaciones. En determinados casos los confesores daban la absolución a los fieles divorciados vueltos a casar y los admitían a recibir la Comunión. Se discutía también la cuestión de cómo podía hacer justicia a esos fieles que en conciencia estaban convencidos de la nulidad de su unión anterior, pero no podían demostrarlo a través de hechos concretos".

Y prosiguió:

"Éstas y otras cuestiones similares exigían una clarificación".

De hecho, hubo desarrollos importantes no sólo del sínodo de los obispos de 1980 y de la posterior exhortación "Familiaris consortio" de Juan Pablo II, sino también del nuevo Código de Derecho Canónico de 1983.

En efecto, el canon 1536 § 2 estableció que también las declaraciones de las partes podían constituir prueba suficiente de nulidad de un matrimonio, si bien junto a otros elementos capaces de validarlo en modo definitivo. Y con esto – escribió posteriormente la Congregación para la Doctrina de la Fe en una carta de 1994 a los obispos de todo el mundo – desaparecía prácticamente "toda discrepancia entre la verdad verificable en el proceso y la verdad objetiva conocida en recta conciencia".

En 1998 Ratzinger lamentó sin embargo que "este nuevo reglamento canónico, lamentablemente, en la práctica de los tribunales eclesiásticos de muchos países era considerado y aplicado todavía muy poco".

Y estamos en nuestros días, cuando el papa Francisco, visiblemente muy sensible al mal funcionamiento de los tribunales canónicos en su Argentina y en otros países, facilitó ulteriormente los procesos matrimoniales, con los dos motu proprio – el segundo para las Iglesias orientales – preparados y promulgados por su iniciativa en el 2015, entre una y otra sesión del Sínodo sobre la familia:

> "Mitis iudex Dominus Iesus"

> "Mitis et misericors Iesus"


LA SOLUCIÓN PRÁCTICA IDEADA POR FRANCISCO


En efecto, luego de mucho discutir y antes también de la esperadísima exhortación post-sinodal, con estos dos motu proprio el papa Francisco ya ofreció a la Iglesia una solución práctica a la cuestión de los divorciados vueltos a casar, modificando los procesos matrimoniales con extrema amplitud, al punto de permitir un recurso rapidísimo y casi infalible a la certificación de la nulidad del primer matrimonio:

> Prohibido llamarlo divorcio. Pero, ¡cuánto se le asemeja! (15 settembre 2015)

El citado canon 1536 § 2 ha sido sustituido por otro canon, el 1678 § 1, de entramado todavía más amplio, en el cual las declaraciones de las partes tienen ahora por sí solas el valor de "prueba plena" de la nulidad.

Y si a esta innovación se agregan todas las otras de la reforma de los procesos matrimoniales, no queda prácticamente más ningún caso que no pueda encontrar justicia en una sentencia canónica.

Es como decir que llega a faltar la materia también para ese recurso al "fuero interno" tan invocado por el padre Spadaro, por el obispo Semeraro y por todos los otros paladines de la comunión a los divorciados vueltos a casar.


LAS DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA REFORMA


Pero es en este punto que surgen nuevas dificultades, porque el nuevo sistema procesal promulgado por Francisco y diseñado por quien se ha convertido en su fiduciario en materia canónica, el decano de la Rota Romana, monseñor Pio Vito Pinto, parece cualquier cosa menos sólido.

Algunos de sus puntos críticos "ad intra" ya han sido puestos al descubierto en www.chiesa por dos expertos juristas, Danilo Castellano y Guido Ferro Canale, en estos dos servicios respectivos:

> Nuevos procesos matrimoniales. Un jurista hace pedazos la reforma del Papa Francisco (3.10.2015)

> Comienzan los nuevos procesos para los matrimonios “fallidos”. ¡Pero cuántas contusiones! (16.12.2015)

Pero también "ad extra" los nuevos procesos canónicos presentan fallas serias. En Italia en particular, los tribunales civiles podrían tener dificultades para reconocer como válidas las sentencias de nulidad matrimonial, pronunciadas por los tribunales eclesiásticos según los nuevos procedimientos abreviados.

Es claro que si las sentencias de nulidad no fuesen consideradas más válidas por el Estado italiano, los fieles se verían obligados a recurrir al divorcio estatal y ya no más a los tribunales eclesiásticos. Y también en otros países podrían surgir problemas parecidos, de acuerdo con los ordenamientos. La reforma se hundiría.

Esto y más es lo que Guido Ferro Canale examina a fondo en la nota que sigue.

__________

 

L'efficacia in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale. Profili problematici del motu proprio "Mitis iudex"

di Guido Ferro Canale


In forza del Concordato, lo Stato italiano riconosce piena efficacia alle sentenze dei tribunali ecclesiastici che dichiarano la nullità del matrimonio, purché superino un apposito procedimento di controllo presso le corti d'appello.

Ma tra i canonisti serpeggia il dubbio che le sentenze che saranno emesse in esito al nuovo "processus brevior" possano non superarlo. A questi timori ha fatto cenno, intervenendo a conclusione del seminario organizzato a Roma dalla Libera Università Maria Santissima Assunta il 30 ottobre scorso, il professor Giuseppe dalla Torre, presidente del tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ma se n'è parlato soprattutto nei colloqui informali a margine dell'evento, di cui ha dato notizia uno dei partecipanti, il professor Kurt Martens. Da ultimo, un ordinario di diritto ecclesiastico, Nicola Colaianni, ha scritto un corposo articolo, dedicato ex professo al tema; e sebbene molte delle sue considerazioni non mi sembrino condivisibili, mi pare che tanto basti per esaminare la questione.

Ai sensi dell'art. 8 secondo comma del Concordato, una sentenza canonica, per ottenere gli effetti civili, deve essere munita di un “decreto di esecutività” del supremo tribunale della segnatura apostolica, con cui il massimo tribunale della Chiesa ne attesta la forza esecutiva sul piano canonico (che, finora, generalmente conseguiva alla doppia sentenza conforme, sulla cui sussistenza si danno, non di rado, dubbi interpretativi) e svolge altresì una verifica di massima sulla correttezza del procedimento secondo le leggi della Chiesa.

Se riscontra irregolarità, la segnatura può intervenire in vario modo, anche provocando la riapertura del caso ed eventualmente decidendolo essa stessa nel merito, previa commissione pontificia, com'è avvenuto negli anni Settanta per due celebri cause olandesi (Haarlemen. e Ultraiecten.) in cui i precedenti giudici avevano dichiarato nullo il matrimonio per... essere venuto meno l'amore coniugale, che, secondo la loro lettura della costituzione pastorale "Gaudium et spes", costituiva il solo fondamento del vincolo.

Oltre al decreto della segnatura, l'altra condizione per il riconoscimento degli effetti civili italiani è “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano”. Si tratta, in effetti, di una specificazione del più generale obbligo di rispettare i princìpi di ordine pubblico, anch'esso espressamente previsto dal Concordato, ma di per sé non rilevante in questa sede.

Questi princìpi fondamentali, ai fini pratici, consistono soprattutto nel rispetto dell'art. 6 della convenzione europea per i diritti dell'uomo, sul diritto ad un processo equo. La corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il caso Pellegrini, ha effettivamente condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici – in sé stesso non passibile di sindacato, dato che la Santa Sede non è parte della convenzione – fosse stato rispettato l'art. 6; e nella specie, a giudizio della corte, la ricorrente signora Pellegrini era stata citata solo per l'interrogatorio, non aveva ricevuto gli atti introduttivi e neppure in seguito aveva avuto modo di esaminare il fascicolo di causa; inoltre, sarebbe stato necessario informarla della possibilità di beneficiare dell'assistenza di un avvocato prima dell'interrogatorio. E questi vizi non potevano considerarsi sanati né dal fatto che, successivamente, ella avesse proposto impugnazione alla Rota romana, né dal carattere obiettivo ed evidente della nullità, trattandosi di impedimento da grado di parentela.

In seguito a tale pronunzia, la segnatura apostolica ha diramato una lettera circolare a tutti i tribunali ecclesiastici italiani (prot. 33840/02 V.T., 14 novembre 2002, in "Ius Ecclesiae" 15, 2003, pagg. 869-71), richiamando il carattere fondamentale del diritto di difesa anche per l'ordinamento canonico – tanto che, se il suo esercizio risulta di fatto negato, la sentenza è nulla: can. 1620, n. 7 – e avvertendo, in particolare, di non essere disposta a concedere il decreto di esecutività se non risulta dagli atti che "la parte convenuta è stata adeguatamente informata, all'inizio del processo, del diritto di avvalersi dell'assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere al tribunale un avvocato d'ufficio che l'assista" (ivi, n. 4, punto i).

Si potrebbe pensare che tutto ciò non abbia particolare attinenza con il "processus brevior", dato che la parte convenuta deve ricevere ben due citazioni e che al rito semplificato si accede solo con il consenso di entrambi i coniugi. Tuttavia, la “nullità manifesta” che esso presuppone sarà, quasi sempre, “meno manifesta” che nel caso Pellegrini. o comunque nel processo documentale, il che comporta maggiori esigenze difensive.

Non è dunque scontato che la nuova procedura – che comprime notevolmente i tempi del procedimento, quindi anche le possibilità di interloquire con il giudice – sia ritenuta adeguata. Tanto più che, per l'ordinamento italiano, le parti possono certamente rinunciare a talune loro facoltà ma non al diritto di difesa in quanto tale, sicché il "processus brevior" non potrebbe comunque comportare un sacrificio troppo severo delle facoltà difensive, nonostante il requisito del consenso. Requisito che, peraltro, ad oggi non è chiaro come vada inteso.

Con due risposte a quesiti in data 1 ottobre 2015, prott. n. 15138 e 15139, il pontificio consiglio per i testi legislativi ha dichiarato che il consenso dev'essere espresso in maniera pubblica e inequivocabile, a tutela del giudice e delle parti, dato che il "processus brevior" costituisce un'eccezione alle norme ordinarie. Dunque, non si può presumere o desumere tale consenso dal fatto che la parte che non ha promosso il giudizio se ne disinteressi completamente e non vi partecipi in alcun modo: ipotesi piuttosto frequente, dato che ricorre quando essa non è interessata a sistemare la propria posizione con la Chiesa.

Tuttavia, le risposte del dicastero vincolano solo i giudici competenti nel caso specifico per cui sono state date (cfr. can. 16). E l'interpretazione opposta, che si accontenta del consenso presunto, è già stata avanzata sia dal canonista canadese padre Francis Morrisey, membro della commissione di riforma dei processi di nullità (convegno della Canon Law Society of America, Pittsburgh, 12-15 ottobre), sia dall'avvocato rotale Jorge Ernesto Villa, sia, soprattutto, da mons. Pio Vito Pinto, decano della Rota romana e presidente della commissione, nell'articolo di presentazione della riforma su "L'Osservatore Romano" del 9 settembre 2015.

Se questa seconda lettura dovesse prevalere, i problemi in sede di delibazione potrebbero rivelarsi insormontabili. A tacer d'altro, le nuove norme non prevedono un avvertimento, espresso alla parte citata in giudizio, che il suo silenzio potrà valere come consenso al "processus brevior", né una descrizione delle conseguenze in termini di possibilità concrete di difesa.

Al seminario della LUMSA, il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, ha affermato a chiare lettere che il nuovo "processus brevior" dovrà essere applicato con cautela. Ma, come si è visto a proposito dei tribunali interdiocesani – prima da lui confermati ma poco dopo avviati a decadenza da un rescritto pontificio –, nonostante la carica che egli ricopre non è affatto detto che la sua linea prevalga.

Se il consenso presunto troverà fautori in Italia, la querelle interpretativa giungerà quindi – salvo sorprese – alla segnatura apostolica, che, dovendo accordare o meno il decreto di esecutività, non potrà certo trascurare i profili di possibile ostacolo alla delibazione. Il Concordato è infatti legge canonica particolare per l'Italia, che indirettamente obbliga i tribunali ecclesiastici al rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano in tema di diritto di difesa; e una violazione sistematica di quest'obbligo, a fortiori se derivante da una nuova legge canonica universale, rischierebbe di esporre la Santa Sede a responsabilità internazionale.

Se poi i fedeli si vedessero comunque costretti a ricorrere al divorzio statale, è facile prevedere una drastica riduzione delle domande di nullità e, soprattutto, del ricorso al "processus brevior". Ma ciò equivarrebbe, almeno per l'Italia, al fallimento della riforma.

Per la verità, il professor Colaianni, pur non mancando di richiamarsi al caso Pellegrini, ravvisa cause ostative ancor più radicali: il vescovo non potrebbe essere considerato “tribunale ecclesiastico competente” ai fini del Concordato; e la sua decisione, pur avendo la forma della sentenza, dovrebbe piuttosto considerarsi un atto amministrativo (di dispensa) o un provvedimento di volontaria giurisdizione (perché richiesta concordemente dalle parti), in entrambi i casi non passibile di riconoscimento.

Personalmente, resto convinto di tre cose: che il Concordato non impedisca di modificare i criteri di competenza dei giudici, anche restituendo al vescovo un ruolo attivo nella decisione delle cause; che il "processus brevior" metta capo a una vera sentenza e non a una grazia concessa o negata secondo valutazioni di opportunità (è lo stesso motu proprio "Mitis iudex" a richiedere espressamente la certezza morale sulla nullità); e che, nonostante la mancanza di contrasto tra le parti private, vi debba comunque essere quello con la parte pubblica, il difensore del vincolo, tenuto a intervenire anche nel "processus brevior" per argomentare in favore della validità del matrimonio. Tuttavia, non escludo che questi argomenti possano trovare eco presso qualche corte.

Infine, altri problemi relativi al diritto di difesa rischiano di derivare anche dal rescritto pontificio del 7 dicembre, in particolare dalla disposizione n. 3, che riduce drasticamente le possibilità di riapertura del processo se una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico.

Di solito, le ipotesi di revisione sono soggette a requisiti che riguardano il nuovo materiale probatorio o la falsità di quello impiegato, non certo un elemento esterno al processo e al caso. Se la richiesta di riapertura della causa (nova causae propositio) provenisse dallo stesso coniuge che si è risposato, si potrebbe ancora sostenere che, contraendo il nuovo matrimonio canonico, egli abbia rinunziato a questa possibilità; ma mi pare piuttosto difficile che le corti italiane, o quella di Strasburgo, ammettano che l'altro coniuge possa vedersi coartato nell'azione per effetto di scelte della propria controparte, rispetto a cui non può incidere in alcun modo.

Anche ammesso che, in via interpretativa, si possa consentire comunque la "nova causae propositio" in questo caso – e non mi pare che il testo del rescritto lasci appigli in tal senso – risulterebbe violato un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, previsto anche dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ossia la parità della posizione processuale delle parti, inclusi i rispettivi poteri di azione. È vero che la "nova causae propositio" presuppone che la sentenza canonica sia già divenuta esecutiva e, quindi, generalmente sopravverrà dopo il riconoscimento civile. Ma, soprattutto se prevarrà il consenso presunto, la valutazione della corte d'appello non potrà non tener conto di un elemento importante come la possibilità – o l'impossibilità – di ottenere un nuovo esame del caso, dato che la corte di Strasburgo ne tiene conto eccome.

Si consideri che, dopo annose ed alterne vicende, il legislatore italiano ha preferito sospendere i procedimenti penali nei confronti degli imputati irreperibili, piuttosto che rischiare ulteriori condanne per violazione dell'art. 6 della convenzione. E siccome l'irreperibilità della parte citata non è un caso raro in sede canonica, se essa venisse equiparata a un consenso al "processus brevior" e in più vi fosse la seria probabilità che l'irreperibile non possa ottenere la riapertura del caso, la sentenza Pellegrini finirebbe per sembrare un caso di poco conto rispetto alla gragnuola di problemi legali che sorgerebbero.

Allo stato attuale, quindi, vi è un problema interpretativo di sicuro momento, cui si associa la necessità di valutare con attenzione l'incidenza concreta del nuovo processo sul diritto di difesa. E aleggia sullo sfondo anche la restrizione apportata dal rescritto pontificio. Il cammino della riforma si presenta alquanto accidentato.

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Traducción en español de José Arturo Quarracino, (SANDRO MAGISTER-CHIESA)