Después de haber adquirido las «oportunas informaciones relativas a las particulares dificultades de las personas jurídicas públicas de la Iglesia que operan en el sector sanitario», dice el documento, con el objetivo de contribuir a una mayor eficacia en la gestión de las actividades y para la conservación de los bienes, manteniendo y promoviendo el carisma de los fundadores, «y hasta nuevas disposiciones», Papa Francisco «confirió el mandato al Secretario de Estado» para que instituya una «Comisión Especial, llamada ‘Pontificia Comisión para las actividades del sector sanitario de las personas jurídicas públicas de la Iglesia’».

En esta comisión, que tendrá un reglamento propio, se aplicarán los «principios y las normas establecidas en la Constitución apostólica ‘Pastor bonus’ y en el Reglamento general de la Curia romana, en cuanto aplicables y no incompatibles».

Estará compuesta por el presidente y seis expertos en las disciplinas sanitarias, inmobiliarias, de gestión, económico-administrativas y financieras. Podrá delegar «parte de las propias funciones a uno o más miembros», y contará con la asistencia de «una Secretaría». En relación con el «nombramiento y la duración del mandato de los miembros y expertos de la Comisión, serán aplicadas las normas que regulan los Dicasterios de la Curia romana».

La nueva comisión responderá directamente «al Secretario de Estado, podrá llevar a cabo cualquier acción jurídica y financiera» con tal de cumplir, adecuada y correctamente, con la tarea que se le encarga. Para ello, la comisión «otorga a las Congregaciones de la Curia romana, de las que las personas jurídicas públicas dependen, el consenso necesario, vinculante», para la concesión de las autorizaciones canónicas sobre la dimisión o reorganización de las actividades y/o de los inmuebles relacionados con el sector sanitario.

Además, la comisión tendrá «poderes de acceso a las actas y recursos para desarrollar la propia actividad», y podrá encomendar «encargos a sociedades, profesionistas o asesores».

Estas son las tareas de las que deberá ocuparse el nuevo organismo: «El estudio general sobre la sostenibilidad del sistema sanitario de las personas jurídicas públicas de la Iglesia (presupuestos, características, vínculos, modalidades operativo/gestionales, actualidad de los objetivos del sistema sanitario de cada una de las personas jurídicas públicas, en fidelidad a la propia naturaleza, a la propia misión y al propio carisma) para definir una posible estrategia operativa a largo plazo también en relación con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia».

Además, la comisión deberá hacer una propuesta «para la resolución de las situaciones de crisis en función de los resultados del estudio más general y activado todos los recursos posibles en colaboración con los responsables de las personas jurídicas públicas interesadas». Para concluir, tendrá que estudiar y proponer «nuevos modelos operativos para las personas jurídicas públicas que operan en el sector sanitario, capaces de desarrollar el carisma original en el contexto actual».

Esta decisión sobre la sanidad fue comunicada en estos días a los purpurado del «C9». Después de las experiencias relacionadas con el IDI, el Instituto Dermopático de la Inmaculada, que fue «salvado» con una intervención financiera de la Santa Sede (efectuada por la APSA, después de que el IOR se hubiera negado a poner a disposición los recursos necesarios), y con otros casos recientes que han afectado, por ejemplo, a la Casa Sollievo della Sofferenza u otras casas de cura o clínicas administrada por entes religiosos y eclesiales, la Santa Sede decidió racionalizar y coordinar mejor sus intervenciones bajo un único órgano.(VATICAN INSIDER)