Soledad y oración

Serán interrogados monseñor Lucio Vallejo Balda (detenido desde hace 5 semanas) y su ex colaboradora Francesca Chaouqui. En las próximas audiencias lo harán los otros tres imputados: Nicola Maio (secretario del prelado) y los autores de los libros en los que fueron publicados los documentos robados, Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi. Hoy, pues, “vatileaks” 2 comienza en la fase del debate en aula, con los interrogatorios de los dos ex miembros de la Comisión Cosea, acudados, en contubernio con Maio, de haber filtrado documentos a los periodistas coimputados. El prelado admitió durante las averiguaciones que había entregado las contraseñas de la Cosea a Nuzzi para que pudiera acceder a los documentos. Ya estaría esperando a Vallejo un sitio en un monasterio español, cerca de su ex diócesis de Astorga.

La idea sería que transcurra allí 5 años en oración y expiación. «Tenemos nuestro derecho penal y el Vaticano tiene el suyo, valen las reglas del derecho internacional», respondió el ministro del Interior italiano Angelino Alfano cuando algunos periodistas le preguntaron sobre el futuro de Nuzzi y Fitipaldi y sobre la eventualidad de que fueran condenados. «Nos plantearemos el tema si sucede, pero no estamos en esta fase», precisó el ministro italiano. Vallejo Balda y Chaouqui fueron acusados de haber divulgado documentos reservados, delito que prevé de 4 a 8 años de cárcel, pero también fueron acusados de asociación criminal con Maio, y esto podría hacer aumentar la pena hasta 6 años más.

Según los acusadores, habrían ofrecido documentos sobre el patrimonio inmobiliario, sobre las “cajas” vaticanas, el IOR y la Apsa, sobre la conducta de algunos purpurados. Toda esta información acabó en las páginas de los dos colúmenes “incriminados”: «Avaricia» y «Vía Crucis», cuyos autores son acusados de concurso en el delito de divulgación de secretos. También en el Vaticano hay tres grados para los juicios: el juicio único o Tribunal, según la entidad de los delitos, para la primera instancia; la Corte de Apelación y la Corte de Casación.

En aula con las leyes de 1929

En el caso de custodia cautelar, no puede superar los 50 días, que se pueden prorrogar por otros 50 en casos complejos. En el caso de condena a una pena detentiva, la Secretaría de Estado puede pedir a Italia que se cumpla la pena en una cárcel italiana, con base en las disposiciones de los Pactos lateranenses. El Papa puede intervenir en cualquier momento durante el proceso. Normalmente el Pontífice espera que el proceso concluya, como sucedió con el mayordomo Paolo Gabriele, que recibió la gracia de Benedicto XVI, pero al final del proceso judicial. La acción judicial es guiada por el Promotor de justicia, actualmente Gian Piero Milano. Abogado, proferos de derecho canónico y eclesiástico en la Universidad Tor Vergata, Milano fue llamado a este puesto por Papa Francisco. El Promotor de justicia corresponde al Ministerio Público.

La justicia vaticana parte de los procesos italianos de hace casi un siglo, cuando se firmaron los Pactos Lateranenses de 1929. Como establece la ley, firmada por Benedicto XVI en 2008, el código de derecho penal italiano, promulgado en 1989 y el de procedimientos penales (en vigor en Italia de 1913 a 1930) son textos de los que surge el derecho del tribunal vaticano, aunque ha habido algunas actualizaciones, como las que han hecho el mismo Benedicto XVI y Francisco con el “motu proprio” del 11 de julio de 2013. Si el proceso, en conjunto, tiene las características de los viejos procesos italianos, han cambiado los instrumentos que permiten una mayor colaboración internacional.  (GIACOMO GALEAZZI-VATICAN INSIDER)