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Hermanas de los pobres acuden al Supremo de EE.UU
10 - 11 - 2015 - IGLESIA - América

Un grupo de monjas católicas enfrentan millones de dólares en multas del IRS porque no pueden incluir anticonceptivos en el plan de salud que ofrecen a sus empleados. Esta es la segunda vez que las Hermanitas se han visto obligadas a solicitar protección del Supremo sobre el mandato del departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

 La decisión del Tribunal responderá finalmente la pregunta crucial sobre si las agencias del gobierno pueden, sin absolutamente ninguna supervisión legislativa, obligar innecesariamente a ministerios religiosos a violar su fe.
El Supremo tratará el caso de Las Hermanitas con otros clientes de la Fundación Becket, incluyendo a las universidades Houston Baptist y East Texas Baptist, Sacerdotes por La Vida, la universidad South Nazarene, Geneva College, la Archidiócesis Católico Romana de Washington, y Zubik.
«Las Hermanitas dedican su vida cuidando a los ancianos pobres. Ese es un trabajo que el gobierno debiera aplaudir, no castigar», dijo Mark Rienzi, abogado principal de la Fundación Becket Pro Libertad Religiosa. «Las Hermanitas de los Pobres no deberían estar peleando con su gobierno por una exención que el gobierno ya le ha dado a miles compañías, incluyendo a corporaciones como Exxon, la Compañía Embotelladora Pepsi Cola, y Boeing. Tampoco debería permitírsele al gobierno decir que las Hermanitas no son «lo suficientemente religiosas» para ameritar una exención que las iglesias y otros ministerios religiosos han recibido.
No han tenido otra alternativa
Las Hermanitas, que cuidan a más de 13,000 ancianos pobres de Estados Unidos, no han tenido otra alternativa que apelar al Tribunal Supremo debido al rechazo del gobierno a eximirlas del mandato de HHS que actualmente está en su novena iteración inaceptable. El mandato obliga a las Hermanitas a autorizar al gobierno a utilizar el plan de salud de los empleados de las Hermanitas para proveer anticonceptivos y medicamentos que provocan abortos – una violación de su fe – o pagar enormes multas que amenazarían su misión religiosa (ver video). En enero de 2014 el Supremo emitió una orden temporal que protege a las monjas, pero el gobierno ha continuado impugnando el dictamen y pidiendo a cortes inferiores que eliminen esa protección.
«Como Hermanitas de los Pobres ofrecemos a las personas mayores más necesitadas de todas las razas y creencias un hogar donde son bienvenidos como Cristo. Practicamos este hermoso ministerio por nuestra fe y no podemos de ninguna manera escoger entre nuestro trabajo con los ancianos pobres y nuestra fe, algo que no deberíamos tener que hacer», dijo la Hermana Loraine Marie Maguire, Madre Provincial de las Hermanitas de los Pobres. «Lo único que pedimos es que no nos quiten nuestros derechos. El gobierno exime a grandes corporaciones, pequeños negocios y otros ministerios religiosos de lo que nos imponen a nosotras. Sólo queremos continuar cuidando de los ancianos pobres como lo hemos hecho durante 275 años. Esperamos con avidez la sesión de la Corte Suprema que considerará nuestro caso y oramos a Dios que proteja nuestro ministerio».
El Fondo Becket por la Libertad Religiosa y el principal defensor ante el Tribunal Supremo, Paul Clement –el mismo equipo legal que ganó el caso de Hobby Lobby – presentó oficialmente la petición en representación de las Hermanitas, así como del Trust de Beneficios de Empleados de las Asambleas de Hermanos , Reaching Souls International, Truett-McConnell College y los Recursos Financieros GuideStone de la Convención Bautista del Sur.
«Resulta ridículo que el gobierno federal argumente, en estos tiempos y esta época, que no es capaz de encontrar la solución de distribuir anticonceptivos sin la participación de monjas y sus planes de salud», dijo el Consejero Principal Mark Rienzi.
El Fondo Becket continúa encabezando la defensa contra el mandato inconstitucional del HHS, y obtuvo una importante victoria ante el Supremo de Estados Unidos en el caso Burwell v. Hobby Lobby.
Las Hermanitas están también representadas por la firma legal Locke Lord LLP y el profesor Kevin Walsh de la Escuela de Derecho de la Universidad de Richmond.
(Fuente: Infocatolica)