El Consejo Constitucional de Francia advirtió el pasado viernes a los alcaldes y concejales de todo el país de que están obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo ya que en este caso no pueden esgrimir la cláusula de objeción de conciencia.
De este modo, la máxima instancia judicial francesa ha rechazado el recurso prioritario de constitucionalidad que reclamaba la anulación de la circular del 13 de junio de 2013 relativa a "las consecuencias del rechazo ilegal de celebrar un matrimonio por parte de un funcionario del estado civil".
En su dictamen, el Constitucional afirma que "el legislador no ha atentado a la libertad de conciencia" de los "oficiales del estado civil" respecto a sus funciones en la celebración de matrimonios y por tanto considera que "las disposiciones contestadas son conformes a la Constitución".
Matrimonio redefinido, niños entregados
La ley francesa de Hollande, como la española de Zapatero de 2005, redefine el matrimonio para que pase a ser una institución en la que no importa el sexo de los contrayente (aunque sí el número y la edad, por ejemplo).
En ambas leyes se regula además la entrega de niños en adopción a parejas del mismo sexo, impidiendo así su derecho a crecer con un padre y una madre.
Desde que entró en vigor en Francia, se han celebrado unos 600 matrimonios de homosexuales en las 50 mayores ciudades del país, el 1 por ciento del total, muchas menos de las esperadas y anunciadas.
3 años de cárcel para objetores
Numerosos ediles se negaron a celebrar este tipo de uniones, por lo que en respuesta, el ministro del Interior, el laicista radical Manuel Valls, publicó una circular en junio en la que se advertía de que aquellos alcaldes que no quisieran celebrar estos enlaces y no encontraran a un concejal que lo hiciera podrían ser condenados por discriminación en caso de ser demandados.
En virtud del Código Penal galo, esto podría acarrear penas de hasta tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.
Los alcaldes que habían presentado el recurso al Constitucional, un colectivo que asegura reunir a 20.000 ediles de todo el país, ya habían adelantado, antes de conocer la decisión, que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
