El padre Sergio Omar Sotelo Aguilar se ha propuesto una tarea, dentro de la misión más amplia que le asigna el hábito religioso que viste: documentar la difícil vida de los sacerdotes como él, en el México del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto. Desde su oficina del Centro Católico Multimedia de Ciudad de México, lanza su estadística más impactante: en los dos años del actual gobierno del PRI el número de sacerdotes asesinados se incrementó un 400 por ciento. En números romanos significa que murieron 10. El último, el décimo precisamente, fue el padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, de 60 años, de la Confraternidad de los Obreros del Reino de Cristo, muerto a principios de abril. Un golpe en la cabeza en un lugar aislado, un sendero que conduce al pueblo de Ojo de Agua de Ballesteros y San Nicolás de la Condesa, en el municipio de Salvatierra, Estado de Guanajuato. Una clara ejecución mafiosa, premeditada y fría, pero llevaba consigo dinero en efectivo para cerrar la compra de un terreno, detalle que llevó a los investigadores a catalogar el homicidio como asalto a mano armada con fines de robo. La décima víctima en 24 meses. De otros dos sacerdotes no se sabe nada. Desaparecieron en las fauces de una violencia que en México tiene múltiples actores, desde delincuentes callejeros hasta narcos, mafiosos dedicados al tráfico de migrantes y mercaderes de armas o de mujeres.

A Sergio Omar Sotelo Aguilar le gustan las estadísticas y las suyas muestran que la tendencia al aumento de asesinatos de curas se mantiene también en los primeros cuatro meses de 2015, con un incremento del 120 por ciento en el tercer año de mandato presidencial, como hace notar el sacerdote, y compara después la cifra con las víctimas del período correspondiente al gobierno anterior de Felipe Calderón, de 2006 a 2012.

Omar Sotelo Aguilar se acomoda los anteojos con montura negro humo y consulta las páginas que ha preparado con prolijidad. Revisa la pila de fichas como si mezclara naipes, descarta algunas y abre las restantes como un abanico. “Sigamos con los dos años del nuevo gobierno”, advierte. Acerca una ficha y lee los datos que contiene. En 2013 la muerte se llevó al padre José Flores Preciado, asesinado el 5 de febrero. Los delincuentes que lo mataron llegaron cerca de las 11 de la noche a la iglesia de Cristo Rey, en el Estado de Colima, para saquear lo que pudiera tener valor, pero se encontraron con el sacerdote que había decidido quedarse a dormir, probablemente debido a algún compromiso para la mañana siguiente. Lo ultimaron a golpes; el rostro, declaró un sacerdote de la diócesis de Colima, estaba desfigurado. Tenía 83 años y ni siquiera intentó defenderse. Otro sacerdote que lo conocía bien agregó que había sido amenazado y por eso tomaron la decisión de que dos seminaristas vivieran con él. Pero no sirvió de nada. Ignacio Cortés Álvarez, de 57 años, tuvo un final parecido el 22 de julio. Él también murió a golpes en la casa parroquial. Para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California se trató de un hurto con violencia. El “padre Nachito”, como lo conocían, era responsable de la parroquia María Auxiliadora en el municipio de Ensenada. A Hipólito Villalobos Lima y Nicolás de la Cruz Martínez, dos sacerdotes de 45 y 31 años, los encontraron muertos en la parroquia de San Cristóbal, comuna de Ixhuatlán de Madero, Estado de Veracruz, el 29 de noviembre. La diócesis señaló, en un comunicado, que la zona de Tuxpán está controlada por el cártel de Jalisco, “Nueva Generación”, y por los famosos “Zetas”, agregando que siete párrocos han recibido amenazas en diferentes momentos. El homicidio de los dos sacerdotes ocurrió menos de dos meses después de la denuncia del obispo de Apatzingán, en el Estado mexicano de Michoacán, monseñor Miguel Patiño Velázquez, donde advertía que la delincuencia organizada se había apoderado de los municipios y había corrompido a la policía local. Para cerrar la lista de 2013, el padre Joel Román Salazar, de la diócesis de Ciudad Altamirano en el convulsionado Estado de Guerrero, perdió la vida el 10 de diciembre, cuando empujaron premeditadamente su automóvil hacia un barranco.

El año 2014 no fue mejor para el clero mexicano. El primero fue el padre Rolando Martínez Lara, asesinado la mañana del 19 de febrero en la iglesia de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Estado de México, durante una tentativa de hurto en la parroquia donde vivía. Otros dos sacerdotes murieron en manos de sus secuestradores. El primero, José Ascención Acuña Osorio, de 37 años, fue llevado el 21 de septiembre y encontraron su cadáver dos días después, en el río Balsas cerca del pueblo de Santa Cruz de las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolpan del Estado de Guerrero. El segundo, un misionero de nacionalidad ugandesa, el padre John Ssenyondo, fue secuestrado el 30 de abril en el pueblo de Nejada, siempre en el Estado de Guerrero. El cadáver fue descubierto seis meses después, el 28 de octubre, en una fosa común, durante la búsqueda de mexicanos desaparecidos.

“No conozco ningún otro lugar donde en los últimos meses haya habido tanta violencia y tantos crímenes contra el clero, por lo menos no en el mundo católico”, comenta a la revista mexicana Proceso el obispo de Ciudad Altamirano, Máximo Martínez. Su diócesis -75 sacerdotes para 35 parroquias- es considerada la más peligrosa del mundo. No es casual que se encuentre precisamente en el Estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México. El lugar fue nada menos que el teatro de la desaparición y -no comprobada- muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el mismo Guerrero encontraron muerto, el 25 de diciembre pasado, al joven sacerdote Gregorio López Gorostieta, probablemente asesinado –tal es la convicción del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos- justamente por haber denunciado al grupo criminal responsable de la desaparición de los estudiantes. Por esa razón el caso de López Gorostieta fue uno de los que hizo más ruido. El padre Gregorio fue secuestrado el 22 de diciembre por un grupo armado en el Seminario Mayor La Asunción, en las afueras de Ciudad Altamirano. El cuerpo se encontró tres días más tarde con dos tiros en la cabeza. En esa oportunidad se involucró incluso el Papa, quien habló de “víctima de una injustificable violencia”. El apoyo de Francisco significa mucho para los sacerdotes del país. “En estos momentos tan difíciles el Papa Francisco me acompaña y me da fuerzas. Él conoce muy bien la situación de la diócesis, donde la violencia a veces aflora más y solo a veces parece aplacarse un poco”, confirma monseñor Maximino Martínez.

Los números crecen y pasan a ser de dos cifras cuando se amplía el arco de tiempo considerado. Los archivos del Centro Católico Multimedia registran 50 atentados contra miembros de la Iglesia Católica en los últimos 25 años, con 48 muertes violentas y dos desaparecidos. Sin olvidar que México cuenta con un cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado por sicarios del cártel de Tijuana en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993.

VALORES RELIGIOSOS/foto paulus.net