El proyecto llegó a la Cámara baja con las firmas de: Araceli Ferreyra (FpV, Ctes); Leonardo Grosso (FpV, BsAs); Ana Gaillard (FpV, Entre Ríos); Liliana Ríos(FpV, Entre Ríos); Julia Perié (FpV, Misiones); Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social, BsAs) y Adela Segarra (FpV, BsAs). Para ser debatido en el recinto necesita el visto bueno de la comisión que encabeza Carlotto y de la de Legislación Penal, que preside Patricia Bullrich.
Como precisó la propia Rachid, el proyecto es el último de los objetivos («identidad de género», «matrimonio igualitario», etc.) que le queda por cumplir a la FALGBT desde 2004, cuando se constituyó la organización. Es por otra parte el primero y más codiciado de los puntos del «Plan Nacional contra la Discriminación»aprobado por el fallecido presidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 1086/2005.
El episcopado argentino ya lo rechazó
Como enfatizó el episcopado argentino -presidido por entonces por el Papa Francisco- ese es un Plan que «contradice los objetivos que postula alcanzar», porque «estaría imponiendo a la sociedad argentina una ideología de construcción cultural que discrimina la natural y legítima ecología humana».
En el año 2002, cuando lograron la primera ley de unión civil, la porteña, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, César Ciglutti dijo: «con esta ley plantamos bandera, ahora vamos por más» y fueron por el «matrimonio igualitario».
La Legislatura porteña ha vuelto a ser pionera, les permitió «plantar bandera», pero al Código Penal sólo lo puede modificar el Congreso nacional. Sólo les resta esta herramienta para perseguir a quienes, en ejercicio de sus derechos fundamentales, cuestionen las prácticas homosexuales.
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