El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi, había cuestionado a la comisión por haber elaborado su informe incluso antes de encontrarse con la delegación de la Santa Sede, el pasado 16 de enero, y no haber tenido en cuenta los elementos presentes.
La Santa Sede garantizó entonces un "estudio y un examen minucioso" de las observaciones de la ONU, lamentando además el "intento de ingerencia en la enseñanza de la Iglesia católica sobre la dignidad de la persona humana y en el ejercicio de la libertad religiosa".
A unos meses de distancia, la respuesta del Vaticano está a la altura de la aspereza y de la injusticia de las acusaciones lanzadas por la comisión. La Santa Sede la acusa de intolerancia hacia los cristianos y de abuso de autoridad por despreciar a la Iglesia católica, y le reprocha sin rodeos su falta de respeto a la libertad religiosa y al derecho internacional.
"La misión religiosa y moral de la Santa Sede, que trasciende las fronteras geográficas, no puede transformarse en una especie de jurisdicción legal universal que de alguna manera cae en el mandato de los órganos de los tratados. Esto exigiría que la Iglesia ejerciera un control sobre las actividadescotidianas de su clero, de sus religiosos y de todos los laicos que viven en los territorios de los Estados soberanos", indica el Vaticano.
La Santa Sede considera las "consignas" de la comisión respecto al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo "completamente inaceptables" en la medida en que el Tratado sobre los derechos del niño de 1990 precisa que debe ser protegido "antes y después del nacimiento".
Al mismo tiempo, el Vaticano destaca que la orientación sexual y las diversas formas de familia son "elecciones de vida subjetivas" que nunca han sido enmarcadas por tratados de protección de los derechos humanos.
Finalmente, la Santa Sede acusa a la comisión de las Naciones Unidas de pervertir el principio de no-discriminación para hacer de él "un arma contra la libertad religiosa".
El Vaticano fue el cuarto Estado firmante de la Convención relativa a los derechos del niño en 1990. En su declaración oficial al ratificarla, destacaba: "La Santa Sede considera la presente Convención como un instrumento apropiado y laudable para proteger los derechos e intereses de los niños, que son "ese precioso tesoro dado a cada generación como una llamada a su sabiduría y a su humanidad"".
"Al adherirse a la Convención de los derechos de los niños, la Santa Sede quiere expresar de nuevo su preocupación constante por el bienestar de los niños y de sus familias -añadía el documento-. Dada su naturaleza y su posición particulares, la Santa Sede, adhiriéndose a esta Convención, no busca apartarse de ninguna manera de su misión específica, que tiene un carácter religioso y moral".
(ALETEIA)
