De acuerdo al reporte de CCM, que dirige el padre Omar Sotelo Aguilar, esto representa un aumento del 80 por ciento comparado con el mismo período de la administración anterior, por lo que de continuar la inacción y la falta de protección de los derechos humanos de los religiosos, el actual Gobierno se consolidará un “sexenio aciago y negro para los agentes de pastoral”.

El homicidio más reciente de un sacerdote, sucedió el 23 de Septiembre de 2014. Se trata del padre José Ascensión Acuña Osorio, de 37 años de edad, originario del Palmar, Estado de México, quien fue secuestrado el 21 de septiembre.

Dos días después, su cuerpo fue hallado en el río Balsas, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan (región de Tierra Caliente de Guerrero).

El 19 de febrero de 2014, en la parroquia de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Jilotepec Estado de México, fue perpetrado el crimen contra el sacerdote Rolando Martínez Lara, a manos de delincuentes que robaron en el templo.

Otro caso ocurrió el 29 de noviembre de 2013, en la parroquia de San Cristóbal, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, donde fueron encontrados asesinados los sacerdotes Hipólito Villalobos Lima y Nicolás de la Cruz Martínez.

El Padre Ignacio Cortés Álvarez, responsable de la parroquia de María Auxiliadora en el Municipio de Ensenada, Baja California, fue asesinado a golpes el 22 de julio de 2013, durante un asalto con violencia.

De la misma manera fue asesinado el padre José Flores Preciado, el 5 de Febrero de 2013, en el templo Cristo Rey, en la ciudad de Colima, Colima.

Asimismo, se desconoce el paradero del sacerdote misionero John Ssenyando, de origen ugandés, quien trabajaba en la diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Guerrero, y fue levantado en el poblado de Nejada, el 30 de abril de 2014; también del padre Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, Michoacán, quién desapareció el 29 de diciembre de 2012 y del padre Carlos Ornelas Puga, de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien desapareció el 3 de noviembre de 2013.

El informe del CCM, menciona que aunque el sacerdocio mexicano no tiene conflicto con grupos delictivos, “existen pequeños sectores de la sociedad, que aprovechan la efervescencia de la violencia y se muestran insolentes contra los religiosos en entidades como Chiapas, Tabasco, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Culiacán, Tabasco, Michoacán, Acapulco y Tamaulipas”.

“Al parecer estos grupos que atentan contra sacerdotes y religiosos buscan limitar las actividades de pastoral católica; así como, evitar el apoyo en el campo sanitario y educativo; pero sobre todo, impedir la acción asistencial -ayuda, refugio y consuelo-, a favor de los derechos humanos de migrantes que transitan por suelo mexicano”, apuntan las conclusiones del reporte.

Agregan que los agentes pastorales mexicanos, especialmente los sacerdotes, son más vulnerables como lo muestra la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones; sin que ninguna autoridad los proteja contra atentados, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado.
“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades del Gobierno mexicano, a fin de que brinden las garantías al ejercicio del ministerio sacerdotal en las entidades donde ha repuntado la violencia y opera el crimen organizado”, concluye el informe.

41 ataques en 24 años

Según el CCM, en los últimos 24 años se han perpetrado 41atentados contra miembros de la Iglesia católica en México, de los cuales 38 son crímenes arteros y tres corresponden a sacerdotes desaparecidos.

La lista de los agentes pastorales que pagaron con su vida de 1990 a 2014, la encabeza un cardenal, 28 sacerdotes, tres religiosos, un diácono, 4 laicos sacristanes y una periodista católica.

El sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado el más “desastroso” para la protección de los derechos humanos de los agentes de pastoral, con 22 homicidios: 14 contra sacerdotes, 3 religiosos, 4 laicos y una periodista católica.

Por Zoila Bustillo
(ALETEIA)