A Mortier, a pesar de ser el hijo de la paciente asesinada, no se le informó sobre el procedimiento de eutanasia sino hasta un día después de su muerte.
Robert Clarke, miembro del staff de litigación de Alliance Defending Freedom (ADF), organización que presentó la demanda a nombre de Tom Mortier en la Corte Europea de Derechos Humanos, aseguró que “el gobierno tiene la obligación de proteger la vida, no de ayudar a promover la muerte”.
“Una persona puede pretender de que a ella se le pueda permitir hacer lo que ella desee, pero eso no sobrepasa la responsabilidad del gobierno de proteger a los débiles y vulnerables”, señaló.
Clarke señaló que “estamos alentando a la Corte Europea a que defienda este principio, que es completamente consistente con la Convención Europea de Derechos Humanos”.
El médico de más de 20 años de Godelieva De Troyer le negó en 2011 su petición de someterse a la eutanasia, a pesar de que ella había conseguido el consentimiento de tres médicos que no tenían conocimiento previo de su caso.
Sin embargo, luego de que De Troyer donara 2,500 euros (alrededor de 3,200 dólares) a la organización Life End Information Forum (Foro de Información del Final de la Vida), cofundada por el oncólogo Wim Distelmans, este llevó a cabo su solicitud de eutanasia debido a la supuesta depresión “intratable”.
Distelmans no tiene calificación médica como psiquiatra, y ninguno de los médicos involucrados en el caso tuvo una prolongada relación de médico-paciente con De Troyer.
Además, ha destacado Alliance Defending Freedom, la comisión que ha creado el gobierno de Bélgica para supervisar cualquier fallo en la ley de eutanasia ha sido dirigida, desde el inicio, por Distelmans.
ADF explicó que “las instituciones del Consejo de Europa han mostrado una consistente oposición a la legalización del suicidio asistido y la eutanasia. El único deber de un Estado es el deber positivo de proteger la vida”.
Para Alliance Defending Freedom, la ley de eutanasia de Bélgica, que ahora permite que los niños se maten a sí mismos, ha llegado muy lejos.
Para Roger Kiska, consejero Senior de ADF, “las personas que sufren de depresión necesitan compasión y amor, no una receta de muerte”.
“El estado tiene un deber de poner las garantías necesarias para que los pacientes que sufren reciban el cuidado adecuado de los médicos y una oportunidad para consultar con los miembros de la familia”, dijo.
(Aciprensa)