Se trata de las nuevas "Líneas de Orientación" para la administración de los bienes de las órdenes religiosas, anunciadas por el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, cardenal Joao Braz de Aviv, y publicadas por la Librería Editora Vaticana (LEV). Las medidas ponen definitivamente un sello "franciscano" en la gestión económica de las obras de la Iglesia.

Las Líneas de Orientación son un decálogo para una conducción financiera según criterios precisos de mayor transparencia y corrección en la gestión, que obligan a una cadena de cumplimientos en materia de presupuestos, rendición de cuentas y controles.

Entre las instrucciones más significativas se encuentra la de no "cubrir" nunca las pérdidas sin resolver los problemas que se encuentran en la base: esto significa "disipar recursos que podrían ser utilizados en otras obras". En el pasado, de hecho, hubo muchos casos así.

Las primeras indicaciones disponen que cada orden religiosa planifique en forma adecuada el uso de los recursos mediante presupuestos, verificando los cambios y controlando la gestión, además de elaborar "planes plurianuales y proyecciones" atentos a la "sustentabilidad (espiritual, relacional y económica) de las obras", eventualmente revisando su realización.

Se invita a "tomar decisiones cautelosas también en fase de cesión o enajenación de inmuebles", mientras el uso del presupuesto debe convertirse también en un instrumento no sólo para las obras sino también dentro de las comunidades (conventos) "para el crecimiento de una conciencia común" y la "verificación del real grado de pobreza personal y comunitaria".

Además deben establecerse "sistemas apropiados de monitoreo para las obras en pérdida", poniendo en marcha "planes para cortar el déficit" y superando la "mentalidad asistencialista".

Otro punto crucial es la transparencia. "El testimonio evangélico exige que las obras sean gestionadas en plena transparencia, en el respeto de las leyes canónicas y civiles, y puestas al servicio de las muchas formas de pobreza", se subraya.

En síntesis, nada debe escapar a los controles: los ecónomos deben presentar una "rendición periódica" a los superiores, documentar las transacciones y los contratos según las normas legales y archivar todo a nivel informático.

No se deben tolerar "despilfarros", según las órdenes del papa Francisco, y los institutos deben redactar sus balances según los estándares internacionales, someterlos a certificación (auditoría), pedir el soporte de "expertos calificados".