La sentencia emitida por la Suprema Corte hace efectivas las disposiciones en materia de anticoncepción y de educación sexual para la población, con la idea de aumentar la cultura de la planificación familiar y favorecer el control de los nacimientos. Los obispos filipinos, reunidos en estos días en asamblea plenaria, responden publicando una “guía pastoral” al respecto.


En la misma normativa, explican los religiosos, existe la modalidad para salvaguardad los derechos y la libertad de quienes no estén de acuerdo con ni con su espíritu ni con su letra: los sacerdotes, los médicos y agentes sanitarios católicos, los funcionarios gubernamentales y los educadores pueden recurrir al derecho de objeción de consciencia.

«Es nuestro deber ofrecer instrucciones a todos los que operan en estructuras sanitarias, públicas o privadas, para que puedan conocer sus prerrogativas», pues la sentencia de la Suprema Corte tiene 104 páginas que solamente los especialistas pueden leer e interpretar completamente. Los obispos se presentan como «maestros de la fe y de la moral» y ofrecen indicaciones para el discernimiento de los fieles.

La primera de las indicaciones trata sobre el aborto. La práctica abortiva y el uso de píldoras o fármacos abortivos no están incluidos en las disposiciones de la ley. Así pues, no se libera de ninguna manera la interrupción voluntaria de los embarazos, que en Filipinas está prohibida por la Constitución y que ningún médico podrá imponer a ningún paciente, mucho menos presentándola como “atajo” anticonceptivo.«El derecho a la vida se basa en el derecho natural, antecede y trasciende cualquier autoridad o ley humana», precisa el documento de los obispos,


En segundo lugar, se recuerda que la distribución y suministración de fármacos y dispositivos anticonceptivos, como prevé la ley, deben ser autorizadas por un médico y no pueden convertirse en algo corriente entre los jóvenes, las escuelas ni en las comunidades más pobres. Es una práctica legal, sí, pero que debe ser controlada adecuadamente. Los fármacos que podrán ser distribuidos y que forman parte de la lista de los “prescribibles”, como anticonceptivos hormonales, deben ser probados antes para excluir efectos colaterales en el cuerpo de las mujeres y se debe certificar que no se trate de fármacos abortivos.


El tercero de los puntos indica que todos los agentes católicos que pretendan seguir las orientaciones de la fe tienen la facultad de negarse a «ofrecer información y servicios», declarándose objetores de consciencia. EL principio fundamental es «la inviolabilidad de la consciencia humana», que ninguna ley puede coartar. La Corte reconoció que los católicos pueden no llevar a cabo un acto considerado «moralmente repugnante u ofensivo». Además, la Corte aconseja que los responsables de estructuras, hospitales y oficinas públicas encargados de poner en práctica las disposiciones de la ley no sean objetores de consciencia, para permitir el servicio. La objeción de consciencia, se indica, no se extiende a los casos de emergencias, cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro de vida (principio también considerado por la doctrina católica).


La última indicación de la Iglesia filipina se ocupa de la protección familiar, marcada por la Constitución. La Corte (recuerdan los obispos) estableció que cuando una persona elige una forma irreversible de anticoncepción (vasectomía o la ligadura de trompas), ambos cónyuges deben estar de acuerdo. También se establece que una menor, en el caso de que pretenda adoptar las medidas de la planificación familiar, necesita obligatoriamente el consenso de ambos padres. «El estado no puede sustituir a la madre o al padre naturales cuando se trata de ofrecer curas médicas, consejos o asistencia a los menores», indica la guía publicada por los obispos.

Por ello, se especifica, las instituciones sanitarias o de educación privadas, no deben seguir forzosamente la “Rh Bill”, por lo que los hospitales católicos y las escuelas podrán seguir ofreciendo servicios en sintonía con los principios y la propia inspiración religiosa. La libertad educativa está al seguro. «Seguiremos preparando a nuestros jóvenes para que sean padres responsables», dicen los obispos. El valor de la corporeidad, la castidad prematrimonial, la educación a las relaciones entre hombre y mujer, los métodos anticonceptivos naturales, siguen siendo puntos fundamentales para la Iglesia. «En verdad, los hijos son un don del Señor>, concluye el documento firmado por el presidente del episcopado filipino, Sócrates Villegas.

Es un hecho que, tras la normativa controvertida, las relaciones entre la Iglesia y el estado en el país asiático pueden volver a encontrar un equilibrio. La Iglesia sigue siendo la institución más sólida a la hora de dar una orientación ético-moral a la población, pero se da cuenta de no poder pretender un estado confesional, por lo que ha encontrado un “modus vivendi” con un enfoque de mayor colaboración. Mantiene su libertad y autonomía, de la misma manera que las instituciones públicas se mantienen laicas. Una posición que podrá traer buenos frutos.(VATICAN INSIDER)