“Todo reino que se divide corre a la ruina”, se titula el mensaje de los obispos de Venezuela difundido al finalizar su Asamblea Plenaria, en la que los prelados del golpeado país sudamericano exhortaron a la “refundación de nuestro país, en medio de tantas calamidades y sufrimientos que nos aquejan”. La exhortación pastoral presenta la situación actual del país, que se encuentra sumergido en una profunda crisis denunciada repetidamente por los obispos. En el primer puesto se sitúa la pandemia de Covid-19, la crisis de las estructuras sanitarias, la falta de un serio plan de vacunación: “No se puede jugar con el derecho sagrado a la salud” afirman y piden al gobierno que dote a los hospitales de lo necesario para asistir a los enfermos y se instrumente “una auténtica y seria política de vacunación para toda la población”. Desde algunos años, y actualmente con la pandemia del Covid-19, el sistema educativo está muy afectado, como el salario insuficiente de los profesores o la didáctica por Internet que es una ilusión, pues, menos del 20% de las familias tienen acceso a este servicio. “Las políticas educativas deben mirar a crear un Pacto Educativo Global, que involucre a todos, que ponga sobre la mesa el tema de la educación no solo en el ámbito docente y familiar sino también en el ámbito gubernamental” subraya la exhortación. Los obispos reiteran también la condena de la situación de violencia que en los últimos días ocurrió en la ciudad capital, provocada por grupos armados irregulares y bandas criminales, que también tienen presencia en el resto del país. Y expresan su solidaridad con las víctimas, exhortando a las instituciones del Estado a “no violentar el principio de la centralidad y dignidad humana, por lo que hay que anteponer la seguridad personal de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés”. En este sentido repiten la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y sufren personas e instituciones en Venezuela, y piden a las autoridades competentes, “que cumplan su misión como lo propone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, exigiendo que resguarden “la integridad física y la liberación inmediata de los miembros de Fundaredes y de todas las organizaciones que velan y luchan por los derechos de todos los venezolanos”.