En estos días en Ginebra asistiremos a una clara promoción de la agenda LGBTI y del aborto, todo ello disfrazado de «derechos sexuales y reproductivos». Por supuesto, la «educación sexual integral», la negación de los derechos de los padres y de la objeción de conciencia forman parte del «paquete» diseñado para el mundo entero. También habrá reconocimiento para los «trabajadores del sexo», las personas trans y un llamamiento a la prohibición de las terapias de conversión. Uno de los informes más importantes será el relativo a la orientación sexual e identidad de género (Sogi, en sus siglas en inglés). El documento pretende impulsar la negación de los derechos religiosos/de conciencia, atacando a cualquiera que afirme que existe una «ideología de género» o una «agenda LGBTI». El pasado mes de febrero ya se hizo una invitación a sugerir organismos, personas e iglesias para ser incluidos en «listas negras» internacionales. Uno de los documentos más peligrosos es el relativo a los «Derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en [situaciones de] crisis». El texto es el resultado del grupo de trabajo sobre la discriminación de la mujer. El documento contiene un récord de 151 declaraciones en favor de la llamada «salud sexual y reproductiva». El párrafo 40 dice: «El Grupo de Trabajo denuncia en los términos más enérgicos… la criminalización de las mujeres y niñas acusadas de haber abortado, incluso en situaciones de abortos espontáneos y mortinatos». En el párrafo 47, el Grupo de Trabajo «condena los requisitos de notificación… para las mujeres que han tenido o se sospecha que han tenido un aborto y la criminalización en la participación en la realización de abortos, que afecta a los trabajadores de la salud». El párrafo 48 denuncia a todos los que se oponen al dogma del aborto libre, una «reacción impulsada por algunos gobiernos, incluso en el Consejo de Derechos Humanos, que desafía la universalidad de los derechos humanos… Una estrategia central de la oposición organizada ha sido socavar los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres en su conjunto, utilizando su oposición ideológica al aborto como eje». Así, en el siguiente párrafo, se ataca a los países firmantes de la «Declaración del Consenso de Ginebra», suscrita por varios gobiernos en favor del derecho a la vida del concebido y de la familia natural, a los que se define como «un ejemplo de la perjudicial movilización de Estados con agendas conservadoras y contrarias a los derechos de la mujer para socavar los derechos humanos de las mujeres y las niñas». Encontramos también denuncias contra los Estados que, durante la pandemia de Covid-19, no facilitaron el acceso al aborto (párrafo 53). El párrafo 77 pide a los gobiernos que: «a) Garantizar el acceso a una gama completa de información y servicios de anticoncepción para mujeres y niñas, incluidos los anticonceptivos de emergencia, y aumentar su disponibilidad en situaciones de crisis; b) Despenalizar el aborto, ampliar el acceso a los servicios de aborto seguro, incluido el aborto con medicamentos y la atención postaborto, y eliminar los obstáculos legales al aborto en situaciones de crisis; c) Garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud materna y a la atención obstétrica de urgencia, incluido el tratamiento de las afecciones relacionadas con el embarazo…». La cosa no acaba ahí. En el documento sobre la violencia contra la mujer, se reitera en el párrafo 114 que «los Estados deben abolir todas las disposiciones que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos, como el adulterio o las relaciones homosexuales, y las que penalizan el aborto en caso de violación». El Addendum 1 del mismo documento reitera que «los Estados deben derogar las leyes que prohíben el aborto… Los Estados tienen la obligación de respetar, cumplir y proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluso en relación con la anticoncepción y la planificación familiar. Las violaciones de la obligación de respetar los derechos a la salud sexual y reproductiva incluyen la criminalización de las mujeres que se someten a un aborto; la criminalización de la actividad sexual consentida entre adultos; la prohibición o la negación del acceso a los servicios y a los fármacos para la salud sexual y reproductiva». La obsesión por el aborto y la ideología LGBTI lleva necesariamente a identificar enemigos que hay que eliminar. La Catholic News Agency explica cómo se ha recuperado el clásico cliché contra la delegación de la Santa Sede en la ONU, utilizando un sistema de difamación e intimidación hacia la Iglesia basado en los delitos de pederastia, según un tenebroso guión ya ensayado desde hace años (véase, por ejemplo, el caso de Irlanda). Al Papa Francisco le están enviando la carta mafiosa que ya le enviaron a Juan Pablo II y a Benedicto XVI: si no quieres acabar en la lista negra, debes abjurar de la Biblia, de la vida y de la familia. El ataque por la pederastia, según sospecha CNA, pretende «obligar a la Santa Sede y a la Iglesia Católica a ceder ante el aborto y la ideología de género.»