Vox sostiene que si bien la ley que rige el funcionamiento del Constitucional no prevé la suspensión de leyes hasta que haya sentencias –salvo cuando lo solicita el Gobierno respecto a leyes autonómicas-, el tribunal debería interpretar dicha ley de forma que que le permita evitar el riesgo de pérdida de vidas durante el período en que se esté tramitando el recurso. 10 años sin sentencia sobre la Ley Aído Aunque fuentes jurídicas consultadas por diversos medios indican que es bastante improbable que el Tribunal Constitucional admita la suspensión cautelar de la ley, lo cierto es que la propuesta de Vox evitaría que se repitiera la situación creada con el recurso que en su día presentó el Partido Popular contra la ley del aborto conocida como Ley Aído. El pasado viernes se cumplieron 10 años desde que el PP recurrió dicha ley y en todo este tiempo el Tribunal Constitucional no ha tenido la decencia de resolver la cuestión. Centenares de miles de vidas humanas se han perdido en esta década, en lo que supone un ejemplo palmario de sometimiento al poder político y de falta de independencia del órgano que debería velar por la defensa de la Constitución. La plana mayor de Vox ha acudido esta mañana a la sede del Constitucional para apoyar la presentación del recurso. Abascal explicó que siguen «intentando que se respeten los derechos constitucionales. Entendemos que la ley de eutanasia es una derrota de la cultura de la civilización y una victoria de la cultura de la muerte. El deber de la sociedad es ofrecer cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo. En cambio, sólo ofrecen una solución final a los que más sufren, una solución tan cruel como inhumana». Además ha asegurado que «no hay un derecho para procurar la muerte de los ciudadanos. Pedimos la suspensión cautelar porque es evidente que los daños de esta ley serán irreparables». El líder de Vox ha recordado qué está ocurriendo en otros países con leyes similares: «Esta ley nos lleva por una pendiente resbaladiza por la que ya se han deslizado países donde se lleva aplicando durante mucho tiempo. Los Países Bajos, donde un 30% de médicos dicen que han firmado eutanasias sin el consentimiento de los pacientes, donde ya hay debates para aplicar la eutanasia a jóvenes con depresión o ancianos sanos cansados de vivir. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y el deber de cuidados paliativos a los que más sufren»