En sus primeras semanas en el cargo, Biden anuló la Política de la Ciudad de México (ndr: impedía el uso de dinero público para fines abortistas fuera de EE.UU), ampliada y renombrada bajo el ex presidente Donald Trump como «Protección de la Vida en la Asistencia Sanitaria Global.» Mientras firmaba órdenes ejecutivas y hablaba en conferencias de prensa, Biden enfatizó que solo estaba revirtiendo el «daño» hecho por la administración anterior, y que sus acciones estaban reafirmando un statu quo anterior. Sin embargo, Biden ha ido mucho más allá de simplemente deshacer el legado pro-vida de Trump, y está superando a su predecesor demócrata pro-aborto Barack Obama de una manera radical. Cuando Estados Unidos se enfrentó al Examen Periódico Universal de la ONU, en el que escuchó las recomendaciones sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de sus países miembros, varios países le instaron a eliminar las restricciones de financiación de los abortos en el extranjero, especialmente en situaciones de crisis. En las dos revisiones anteriores de Estados Unidos, el gobierno de Obama designó estas recomendaciones como «tomadas en cuenta» en lugar de «apoyadas». Biden «apoyó» las recomendaciones a favor del aborto en el ciclo actual. La financiación directa de los abortos en el extranjero violaría la Enmienda Helms, que ha sido adjuntada a la ley de asignación de ayuda exterior desde 1973, y que requeriría una ley del Congreso para ser derogada. Sin embargo, sigue existiendo la amenaza de que Helms sea redefinida por el gobierno de Biden para incluir excepciones en la concesión de subvenciones, algo que Obama había intentado hacer discretamente pero que no llevó a cabo cuando el Congreso fue alertado de ello. Biden emitió una orden ejecutiva para restablecer la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas. También dio instrucciones a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para que «se asegure de que se destinan los fondos adecuados para apoyar las necesidades de salud de las mujeres a nivel mundial, incluyendo la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos». En sus primeros 100 días, Biden también retiró a Estados Unidos de la Declaración del Consenso de Ginebra, en la que Estados Unidos, junto con otros 34 países, reafirmó que no existe un derecho humano internacional al aborto, diciendo que la declaración «no es coherente con las políticas de nuestra actual Administración». En declaraciones públicas en foros internacionales, así como entre bastidores durante las negociaciones multilaterales, las personas designadas por Biden se han pronunciado a favor de la «salud y los derechos sexuales y reproductivos», un concepto que nunca ha sido aceptado por consenso en la Asamblea General de la ONU, pero que sus defensores entienden que incluye el derecho al aborto y otros elementos controvertidos. El gobierno de Biden prometió además elevar los «derechos sexuales y reproductivos» en los informes anuales sobre derechos humanos de otros países que emite el Departamento de Estado, después de que se dejara de hacer bajo el mandato de Trump. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris también se han comprometido a apoyar una ley federal que codifique la sentencia del Tribunal Supremo Roe contra Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, en caso de que sea aprobada por el Congreso. Algo que ya prometió en la reciente campaña electoral. Antes de las elecciones de 2020, una coalición pro-aborto publicó un «plan» de políticas y leyes que querían que la administración entrante ejecutara. Los promotores de esa lista han calificado la actuación de Biden hasta ahora como muy positiva, y sigue siendo optimistas de que se cumplan todos sus objetivos.