La ley aprobada permite que cualquier ciudadano denuncie o demande a los médicos, a las clínicas abortistas y a cualquiera que «ayude a sabiendas» a provocar lo abortos que violen la limitación establecida por el propio texto legal. La medida incluye la excepción en caso de que la vida de la mujer está en peligro, pero no en caso de violación o incesto. Los proabortistas han reaccionado advirtiendo que en caso de que el gobernador Greg Abbot firme la ley, algo que se da por seguro, la recurrirán ante un juez federal, sabiendo que lo más probable es que se impida su puesta en marcha, tal y como ha ocurrido con leyes provida en otros estados. Los favorables al aborto aseguran que muchas mujeres se dan cuenta de que están embarazadas después de que el latido del feto puede oírse, lo cual ocurre en la sexta semana de gestación. El objetivo final de los republicanos es que la Corte Suprema se pronuncie sobre las leyes que limitan el aborto en varios estados, revocando así la sentencia Roe v Wade, ue abrió las puertas de par en par al holocausto abortista en los EE.UU.