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Juristas católicos en Brasil: Estado debe respetar acuerdo con Santa Sede
26 - 04 - 2021 - IGLESIA - América
La Unión de Juristas Católicos de Río de Janeiro emitió una nota después de la decisión del Supremo Tribunal Federal, en el sentido de que la prohibición de realizar actividades religiosas colectivas presenciales, por parte de gobernadores o alcaldes no hiere el núcleo esencial de la libertad religiosa. (Fuente: Gaudiumpress)

El documento expresa su preocupación por el impacto de esta decisión en las relaciones de coordinación y cooperación entre la Iglesia Católica y la República Federativa de Brasil contenidas en el Tratado Internacional entre Brasil y la Santa Sede sobre el Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en Brasil, firmado en noviembre de 2008. Acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado brasileño Este acuerdo se basa en la coordinación entre la Iglesia Católica y el Estado brasileño y sus respectivos ordenamientos jurídicos, y no en una subordinación. Supone “el reconocimiento recíproco de los dos poderes como cada uno, en su propio orden, independiente y soberano”, dicen, citando a Norberto Bobbio. Según los juristas, esta misma premisa es preconizada por el Acuerdo Brasil-Santa Sede: “Las Altas Partes Contratantes son, cada una en su propio orden, autónomas, independientes y soberanas y cooperan para construir una sociedad más justa, pacífica y fraterna”. Luego, recuerdan que la Iglesia Católica tiene su propio orden jurídico autónomo y soberano, el Código de Derecho Canónico. Y que el mismo es reconocido internacionalmente y anterior a la institución del Estado brasileño. Por estas razones, la relación entre la Iglesia Católica y el Estado brasileño debe basarse en el respeto mutuo, la autonomía, la independencia y la cooperación. La Iglesia católica y la pandemia de Covid-19 Los juristas brasileños también señalan que, durante la pandemia, la Iglesia católica ha dado ejemplo en la aplicación de las normas sanitarias para prevenir la propagación del virus, estando siempre abierta al diálogo con autoridades civiles y expertos científicos. Pese a ello, los autores del documento dicen que no es posible reconocer el poder de las autoridades civiles para subordinar a la Iglesia Católica, haciendo una pizarra en blanco del Derecho Canónico y del acuerdo internacional de la República con la Santa Sede, que reconoce a la Iglesia Católica el derecho de desempeñar su misión apostólica, garantizando el ejercicio público de sus actividades. Se reconoce que las autoridades civiles pueden proponer limitaciones relacionadas con la salud a las actividades religiosas, sin embargo, estas “no pueden ser impuestas unilateralmente al culto católico y sin el debido diálogo con la autoridad eclesiástica católica”. Apertura de la Iglesia católica al diálogo con las autoridades civiles Solo la autoridad eclesiástica católica puede determinar si cerrar o no completamente los templos católicos, así como la forma en que se administrarán sus sacramentos, ya que son notas esenciales del ejercicio público de la Fe Católica. La nota destaca que el gobierno ha permitido que funcionen una serie de actividades económicas, incluso sin exigir la distancia mínima estrictamente observada en los templos católicos. El documento concluye asegurando que la Iglesia Católica en Brasil está “abierta al diálogo y acuerdos con las autoridades civiles para que se puedan encontrar soluciones que sirvan a ambas partes y, sobre todo, a los ciudadanos religiosos católicos, cuyas vidas son de suma importancia no solo para el Estado, sino también para la Madre Iglesia”. (EPC)